MÉRIDA, 22 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Mari Cruz Buendía, ha demandado a la Junta de Extremadura “transparencia” con los alcaldes respecto a la prestación del servicio de ayuda a domicilio, del que ha advertido posibles “recortes”, además de condenar la “falta de compromiso” del Ejecutivo regional con las políticas sociales.
Buendía, que ha estado acompañada por diferentes alcaldes de la región, ha criticado en este sentido la “falta de transparencia y respeto” a los primeros ediles en relación con las subvenciones para el mantenimiento del servicio de ayuda a domicilio.
Así, ha recordado que los gobiernos del PSOE hicieron una “gran apuesta” por todos los servicios de la Ley de Dependencia, junto con los ayuntamientos y, de este modo, el servicio se prestaba mediante un convenio de colaboración firmado entre las administraciones regional y local.
Dicho convenio se remitía a los ayuntamientos en el último trimestre del año para que éstos pudieran hacer su consignación presupuestaria y el servicio no se viera interrumpido, ha incidido este viernes en rueda de prensa Mari Cruz Buendía.
Ante ello, la diputada socialista ha asegurado que el nuevo Ejecutivo extremeño presidido por María Guardiola “va a cambiar el modelo” para implantarlo a través de los Programas de Colaboración Económica Municipal pero, a fecha de hoy, “son todos suposiciones”.
COMUNICACIÓN “OFICIOSA”
Así, ha criticado que no se hayan reunido con los alcaldes afectados para estudiar el cambio de modelo, ni con la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), sino que “lo único que ha existido es una comunicación “oficiosa” a través de mail o vía WhatsApp a las trabajadoras sociales de los ayuntamientos, “sin dar a conocer a los responsables municipales que este convenio iba a cambiar”.
“Ya les digo que esta comunicación, que es oficiosa y no oficial, además lo que esconde son recortes, recortes porque hay menos municipios, hay menos presupuestos y hay menos intensidad en las horas que se va a prestar a los usuarios”, ha asegurado Mari Cruz Buendía.
Por ello, ha criticado que la Junta de Extremadura demuestra con esta actitud su “falta de compromiso social” con la prestación de servicios de la Ley de Dependencia y con los alcaldes, toda vez que este servicio “no sólo afecta a los usuarios” sino también a los trabajadores, que fundamentalmente son mujeres. “En definitiva, este gobierno no cree en la Ley de Dependencia y no le da la importancia que tiene”, ha aseverado.
La diputada en la Asamblea de Extremadura ha hecho hincapié en que lo que se está “empezando a sufrir” ya se ha “vivido”. “Empiezan los recortes, como ya pasó con los celadores en el gobierno de Monago, como pasó con los conserjes o como pasó con los consultorios rurales. Y, además, lo que estamos viendo es cómo se inicia también el camino hacia la privatización de estos servicios”, ha dicho.
Cabe destacar que, hasta el momento, casi una treintena de municipios de Extremadura prestaban ellos mismos el servicio de ayuda a domicilio a los usuarios, con plantilla contratada, y desconocen “qué es lo que va a pasar con el servicio” al no tener la comunicación oficial por parte de la Junta.
TESTIMONIO DE LOS ALCALDES
Por parte de los alcaldes, la alcaldesa de Cabeza del Buey, Ana Belén Valls, ha informado de que, a 22 de diciembre, lo único que se ha recibido es un borrador de un “supuesto” Programa de Colaboración Económica Municipal a través del correo electrónico de la trabajadora social.
Así, como ha explicado, al ser un borrador no “garantiza en absoluto” que se puedan contar con los créditos ni generar los créditos a través de la intervención en el presupuesto para poder atender al servicio.
“Lo que necesitamos los ayuntamientos es la garantía de que ese dinero está, no sólo retenido en los presupuestos de la Junta de Extremadura, sino que existe también un acuerdo de gobierno que realmente garantice que el servicio se va a prestar al año siguiente”, ha recalcado.
Así, ha abundado en que, “sin esa garantía”, los interventores municipales “no pueden generar los créditos en los presupuestos de los ayuntamientos”, lo que haría “peligrar” que a partir del 1 de enero el servicio pudiera seguir prestándose, afectando no sólo a las personas usuarias sino también a los trabajadores, ha añadido.
A ello, ha sumado Valls que la subida del dinero que se contempla en ese “supuesto borrador no cubre ni siquiera la subida del salario mínimo que está prevista”, por lo tanto, a los ayuntamientos, en un servicio que es “competencia de la Junta” y no municipal, se les exige un “mayor esfuerzo económico” para poder hacer frente al servicio.
De igual modo, el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias, ha aseverado que su ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Extremadura que indique si hay retención de crédito para la prestación del servicio de ayuda a domicilio, ya que no vale, ha dicho, con un WhatsApp que se ha enviado a la trabajadora social con una “especie de borrador de convenio”.
En estos momentos, ha asegurado, la situación es “muy complicada” y ha incidido en que de lo que se trata es de que de aquí al 31 de diciembre los ayuntamientos reciban la comunicación por parte de la Junta de que el dinero va a estar consignado en sus presupuestos, porque de lo contrario el 1 de enero de 2024 se dejará de atender los dependientes de cada municipio porque así “lo indica la intervención municipal”.
“En concreto, no solamente estamos hablando de despidos de trabajadoras, porque ya se les ha comunicado que a partir del próximo día 1 de enero, si esto no cambia, tendrán que finalizar su contrato con los ayuntamientos, sino además que dejaremos a más de 30 dependientes, en el caso de Villanueva del Fresno, sin atención porque no podemos sufragar este servicio impropio de los ayuntamientos”, ha asegurado.
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