MÉRIDA, 4 (EUROPA PRESS)
La Junta de Extremadura ha aprobado un nuevo decreto ley con el que pretende dar “un paso más” en la flexibilización de los contratos de obras públicas a fin de que las empresas de la construcción no paralicen su ejecución debido al incremento de los costes provocados por la inflación, con medidas que incluyen la sustitución de los materiales inicialmente previstos.
Así lo ha avanzado el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este miércoles, en el que se ha aprobado, con carácter de urgencia, un decreto de los denominados ‘ómnibus’, por aglutinar cuestiones que afectan a varios departamentos, en el que se incluye esta nueva flexibilización de los contratos públicos para evitar su paralización.
Un decreto que “actualiza la revisión de los precios de las obras”, afectadas por la inflación que está provocando “problemas” a todas las administraciones.
González ha recordado que ya en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2022 se contemplaba esta “problemática”, al que siguió un decreto en este mismo sentido del por parte del Gobierno de España, y posteriormente otro del propio ejecutivo regional, al que ahora se suma este nuevo paso, fruto de las “conversaciones y negociaciones” que mantiene con el sector de la construcción.
Y es que, al Ejecutivo autonómico le preocupa la situación de un sector que maneja 300 millones de euros en obra pública en Extremadura, cantidad que resulta “fundamental” que pueda ejecutarse, por un lado, para la puesta en marcha de nuevas infraestructuras en la región, así como, por otro, para la creación de empleo.
“Un paso más” en esta línea con el que se “flexibiliza aún más los precios públicos para que las empresas que tienen contrataciones con la administración pública no se paralicen”.
Un decreto que apunta a los contratos de suministro de materiales y servicios necesarios para la ejecución de una obras; compensaciones por la escalada de precios; se eliminan los porcentajes que limitaban el acceso a los beneficios por la subida de los materiales, que este decreto ley los sustituye por un “límite mínimo de precios que posibilitará un acceso más adecuado a los beneficios”, ha dicho González.
Entre las medidas que contempla se posibilita “la realización de más de una solicitud de beneficios para compensar la subida de precios”; así como también se posibilita la sustitución de los materiales por otros a los inicialmente previstos; y se establecen nuevas medidas de agilización de procesos de contratación y la aplicación también a los ayuntamientos.
Con este decreto, ha señalado el portavoz de la Junta, se demuestra el “compromiso total y absoluto” del Ejecutivo autonómico con las empresas que tienen obras contratadas, para darles una “solución”, a fin de que “no se paralicen y se puedan llevar a cabo”.
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