Nueva modalidad para adaptar la educación a necesidades especiales
El Diario Oficial de Extremadura ha difundido hoy las disposiciones necesarias para la introducción del bachillerato de tres años en la región, una medida que estará vigente a partir de mañana y que tiene como objetivo ofrecer una mayor flexibilidad en el plan de estudios para los estudiantes con necesidades especiales.
¿Quiénes se beneficiarán de esta medida?
Esta modalidad está diseñada para alumnos que enfrentan situaciones particulares que requieren una adaptación del currículo académico. Entre los beneficiarios se encuentran deportistas de alto nivel y estudiantes que compaginan sus estudios con enseñanzas profesionales de música o danza. También podrán acogerse jóvenes con necesidades específicas de apoyo educativo o aquellos que atraviesen circunstancias personales complejas como hospitalización, enfermedades de larga duración o situaciones familiares que impidan el desarrollo normal de sus estudios.
Estructura del nuevo bachillerato
La implementación del bachillerato a lo largo de tres años permitirá una distribución más adecuada de las materias, facilitando el aprendizaje y la gestión del tiempo para los estudiantes que se acojan a esta modalidad. El primer año académico incluirá asignaturas como Educación Física, Filosofía y Lengua Extranjera I, además de dos materias específicas de modalidad y una optativa, con la posibilidad de cursar Religión de forma voluntaria.
El segundo año se centrará en Lengua Castellana y Literatura I, Lengua Extranjera II e Historia de España, además de otras materias específicas obligatorias y electivas. Finalmente, el tercer año abordará Lengua Castellana y Literatura II e Historia de la Filosofía, complementadas con materias específicas y optativas del segundo curso.
Proceso de solicitud
Los interesados deberán presentar sus solicitudes durante el periodo de matriculación, adjuntando la documentación justificativa correspondiente. Las solicitudes pueden ser entregadas en la secretaría del centro educativo o a través de los registros y oficinas definidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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