CÁCERES, 17 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha anunciado que se ejecutarán las sentencias de desahucio que pesan sobre algunas viviendas municipales ocupadas de forma ilegal en el barrio de Aldea Moret, al tiempo que ha reprochado a gobiernos anteriores no haber actuado en este asunto.
“Cuando usted era portavoz del Gobierno en la anterior legislatura (las sentencias) caducaban porque no se ejecutaban, pero no se preocupe que las de esta legislatura se van a ejecutar y no vamos a dejarlas pasar por no discutir con los vecinos o para llevarnos bien con los ocupas”, ha contestado Salaya al portavoz municipal del PP, Rafael Mateos.
Salaya se ha pronunciado así en el Pleno ordinario del ayuntamiento cacereño que se ha celebrado este jueves y en el que se ha aprobado una moción presentada por el PP en la que se pide al Gobierno local que adopte “todas las medidas necesarias” para poner fin a la ocupación ilegal de viviendas en Aldea Moret, y que se reafirme el compromiso de la institución contra la ocupación de la propiedad privada y la lucha contra esa práctica, “sea en la barriada que sea”.
En el debate, el portavoz del PP, Rafael Mateos, ha pedido al alcalde que se ejecuten las sentencias que pesan sobre algunas ocupaciones ilegales en el barrio, porque “nadie dijo que gobernar fuera fácil”, y ha criticado la “pasividad”, la “dejadez” y el “mirar para otro lado” ante los problemas de convivencia y de seguridad que hay en este barrio donde “muchas familias se merecen que el vecino de al lado no sea un ocupa sino una familia que de verdad necesite esa vivienda”, ha dicho.
La moción ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos políticos y la abstención de Unidas Podemos. El concejal de la formación morada Raúl Martín ha defendido que su grupo “no considera que haya un derecho a la ocupación pero sí que hay una realidad subyacente que hace que muchas personas solo encuentren esa solución”.
Por su parte, el resto de grupos y concejales no adscritos ha pedido que se lleven a cabo políticas sociales en el barrio que fomenten la integración de los vecinos y se normalice la convivencia, al tiempo que han mostrado su preocupación por el aumento de estas ocupaciones ilegales en la citada barriada, que han denunciado los propios vecinos.
RECUPERAR LAS VIVIENDAS
En esta línea, la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, ha reiterado el compromiso para recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente y poder ponerlas al servicio de las personas que más lo necesitan, y ha criticado al PP por proponer hacer en Aldea Moret, “lo que no hicieron cuando estaban gobernando, ya que prefirieron suspender las sentencias por las que podrían haber recuperado viviendas municipales”.
En el debate sobre la moción Pulido ha defendido la actuación del equipo de Gobierno que ha dado cuenta de 23 resoluciones instando a los ocupantes a que abandonen las viviendas en 2020 y dos en 2021. En referencia a las ocupaciones inferiores a un año, que ascienden a 6, “se les ha requerido igualmente para que desalojen las viviendas”.
“Pero con el fin de reforzar los procedimientos de recuperación de las viviendas municipales y evitar que las ocupaciones se siguieran sucediendo, se acordó solicitar un informe a los efectos de acordar el ejercicio de acciones judiciales, y una vez emitido dicho informe, la Junta de Gobierno Local, acordó el ejercicio de acciones judiciales contra los ocupantes ilegales de viviendas de titularidad municipal en los términos propuestos en dicho informe”, ha recordado.
En dicho informe se propuso, que se ejercerían acciones judiciales penales contra los ocupantes ilegales con una duración inferior a un año, por la supuesta comisión de un delito leve de usurpación de viviendas, en la que se solicitaría el desalojo de la vivienda, y el ejercicio de acciones judiciales civiles contra los ocupantes de viviendas de duración superior a un año.
Por ello, se ha llevado a cabo una actualización de los datos de las viviendas, comprobando una a una, si la situación de ocupación persistía y en qué condiciones. “Cada caso debe ser contrastado, se debe identificar oficialmente a los ocupantes y proceder con todas las garantías propias de nuestro estado de derecho. Actualmente, se sigue preparando documentación para el ejercicio de dichas acciones judiciales”, ha apuntado Pulido.
En concreto, se han presentado varias denuncias ante los tribunales de justicia, y hay una sentencia de 24 de febrero en la que se condena al ocupante al pago de una multa y a la restitución inmediata al Ayuntamiento del inmueble ocupado. Además, para evitar la ocupación, en las puertas de las viviendas se han puesto chapas de acero de 1,5 milímetros de espesor y con refuerzos longitudinales.
En un primer momento, se habrían formulado las denuncias contra los ocupantes de viviendas de duración inferior a un año, por la vía penal. Y a continuación, se procederá al ejercicio de las acciones judiciales civiles contra el resto de ocupantes ilegales.
Pulido ha precisado que “teniendo en cuenta la situación de insuficiencia de medios del Gabinete Jurídico Municipal, se está valorando la externalización del servicio de asistencia letrada para el ejercicio de acciones judiciales civiles, para evitar dilaciones o retrasos y que, cuanto antes, se pueda disponer del uso de dichas viviendas”.
“Vamos a seguir peleando salgan los casos que salgan, quiero que se nos sigan apoyando, y que no nos empiecen a temblar las piernas como en 2015, 2016, 2017 y 2018 cuando se ganaron sentencias para poder recuperar esas viviendas sociales y se optó por no recuperarlas”, ha aseverado Pulido.
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