La Ley de Contratación Socialmente Responsable de Extremadura abre nuevos horizontes a las pymes y fomenta su participación en la contratación pública

La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha asegurado que la Ley de Contratación Socialmente Responsable de Extremadura, en vigor desde enero, es un instrumento indispensable para la implantación y ejecución de políticas públicas de carácter social, ambiental y de sostenibilidad.

Así lo ha manifestado en la clausura del II Congreso Autonómico de Contratación Pública, que se ha celebrado durante los días 28 y 29 de marzo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida, y en el que han participado profesionales de los ámbitos académico, institucional y jurídico de administraciones públicas nacionales, regionales y locales.

La vicepresidenta de la Junta de Extremadura ha resaltado que la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha realizado una intensa labor para materializar en un solo texto la normativa reguladora de la contratación pública autonómica y local, una labor que no hubiese sido posible sin el trabajo y el esfuerzo de los empleados púbicos.

Blanco-Morales ha destacado que la norma extremeña da prioridad a la calidad, a consideraciones medioambientales y a aspectos sociales o de innovación. Esto permite una contratación pública más eficiente y garantiza el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo.

Del mismo modo, según la titular de Hacienda y Administración Pública, la nueva ley extremeña abre nuevos horizontes a las pymes y fomenta su participación en la contratación pública, aspecto que contribuye a la consolidación de nuestro tejido productivo, genera empleo de calidad y estimula la innovación en nuestro sector empresarial.

El futuro, ha explicado Blanco-Morales, pasa por lograr que la contratación sea realice de forma electrónica desde el inicio del proceso y hasta su ejecución, y por establecer foros de encuentro permanentes entre los agentes públicos, sociales y empresariales que participen en los procesos de compra y contratación pública.