MÉRIDA, 21 (EUROPA PRESS)
La organización Ecologistas en Acción ha asegurado este miércoles que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de paralizar cautelarmente el derribo de la urbanización ‘Marina Isla de Valdecañas’ va “contra el medio ambiente, la ética y el sentido común”.
Esta cautela, ha criticado, “no se aplicó para su construcción, a pesar de que tuvo lugar tras una sentencia que declaraba ilegal el complejo”, por lo que ha denunciado “indefensión jurídica” y “grandes dificultades” para que se cumpla la normativa ambiental “cuando se unen los intereses de los poderosos con una Administración empeñada en favorecerlos aun a costa de vulnerar su propia normativa”.
La medida cautelar del Tribunal Constitucional supone, a su juicio, un “retraso de la inexorable demolición de la urbanización ilegal”, ya que Valdecañas “es un paradigma de la vulneración flagrante de la legislación, con leyes y medidas a la carta para sortear sentencias judiciales”, ha argumentado Ecologistas en Acción en nota de prensa.
Con esta decisión del Constitucional, ha recalcado, “el Tribunal no solo demuestra así que no entiende la realidad territorial, sino que no le importa el tremendo impacto sobre el medio ambiente del proyecto ni el precedente tan peligroso que sientan”.
El proyecto de resort, que lleva más de dieciséis años inmerso en procesos judiciales de la mano de los abogados de Ecologistas en Acción, había sido emplazado para su derribo en una “sentencia histórica” del Tribunal Supremo de febrero de 2022, ha recordado la organización.
El derribo se había acordado en tribunales tras un “demoledor informe” de la Estación Biológica de Doñana, un órgano dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que se aconsejaba esa actuación, para la mejor protección posible del entorno. Otros de los factores clave en la decisión fueron la pertenencia de la zona a la Red Natura 2000, así como la proximidad relevante de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Ecologistas en Acción considera “tremendamente frustrante” lo “sencillo” que resulta para los promotores, y una administración autonómica “empeñada” en ignorar su propia normativa, “paralizar la ejecución de una sentencia que no les resulta favorable”.
Además, ha recordado que cuando se solicitó la paralización de la obras de Valdecañas (la ejecución de una sentencia de 2011 que ya había sido ganada por los colectivos ecologistas), “el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura exigió una fianza de 41 millones de euros, una cantidad absolutamente desorbitada que se justificaba según el tribunal por la posible pérdida patrimonial que supondría parar las obras para la constructora si, en caso de que el recurso planteado por la misma prosperase, la paralización fuera ‘para nada'”.
El abogado de la organización es este asunto, Nino Trillo-Figueroa, ha señalado que “es preocupante que, después de 16 años de procedimiento y varias sentencias que declaran la ilegalidad de la urbanización dentro de un espacio protegido de la Red Natura, se suspenda la ejecución de estas sentencias, contradiciendo la propia doctrina del Tribunal Constitucional para este caso”, por lo que “se vuelve a poner en peligro” los espacios protegidos, ha comentado.
En este sentido, otro de los abogados de la organización ecologista, Jaime Doreste, ha indicado que “Valdecañas es uno de los casos más rotundos y claros de vulneración de la normativa ambiental en el Estado español, con leyes hechas a la carta a posteriori para tratar de sortear las sentencias judiciales y los incumplimientos de la legalidad. Sería un nefasto precedente que se tolerara esta política tan burda de hechos consumados”.
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