BADAJOZ, 27 (EUROPA PRESS)
El Consejo Rector ordinario del mes de septiembre del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación de Badajoz ha dado cuenta del decreto del vicepresidente del organismo, por el que se aprueba la décima convocatoria del Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Entidades Locales de la Provincia de Badajoz, así como las bases que rigen la misma.
El importe total que el OAR destina a esta convocatoria es de 4.700.000 euros y está destinado a aquellos ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades de la provincia de Badajoz que tengan convenio de delegación de recaudación con el organismo vigente a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes.
La convocatoria, que se publica este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia, establece cuatro líneas distintas, la primera de ellas referida a anticipos reintegrables para la financiación de préstamos de mandato; la segunda a anticipos reintegrables para la financiación de inversiones; la tercera a anticipos reintegrables para la sustitución de operaciones de crédito a largo plazo realizadas por la entidad local, con el objeto de sustituir total o parcialmente operaciones de crédito preexistentes; y la cuarta sobre anticipos reintegrables para operaciones de Tesorería.
ANA MARÍA FRADE, NUEVA GERENTE
Por otra parte, en el Consejo Rector se ha dado cuenta igualmente del nombramiento de Ana María Frade Parra como nueva gerente del OAR, y se han aprobado varios expedientes de delegaciones de competencias, encomiendas y revocaciones de ayuntamientos y otras entidades locales de la provincia, como el Ayuntamiento de Aceuchal que amplía las competencias ya delegadas con la gestión integral del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.
Igualmente, el Consejo Rector ha aprobado la encomienda de gestión de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico y la delegación de la gestión recaudatoria de las multas y sanciones derivadas de los mismos, así como la adhesión al nuevo convenio de los ayuntamientos de Azuaga, Don Álvaro, Mengabril y Siruela, según indica la Diputación de Badajoz en nota de prensa.
En relación al Ayuntamiento de Valverde de Mérida, se ha dado luz verde a la encomienda de gestión de los procedimientos sancionadores en materia de seguridad y convivencia ciudadana y la delegación de la gestión recaudatoria de las multas y sanciones derivadas de los mismos, así como la adhesión al convenio.
En la misma sesión se ha aprobado la propuesta de inicio del expediente para el estudio y la formalización, en su caso, del Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo de Recaudación y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., para la implantación de un sistema que permita a los ciudadanos el pago de sus obligaciones mediante giro postal.
Para finalizar, la gerente ha presentado el informe relativo a la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa del OAR del año 2022 y se ha aprobado la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del organismo, así como, en la sección de urgencias, la propuesta de implantación del Sistema Interno de Información del OAR ‘Canal interno de denuncias’.
También ha pasado por el Consejo Rector del OAR el reglamento regulador del procedimiento de gestión, de conformidad con la Ley 2/2023, de 20 de febrero reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
El Sistema Interno de Información y la Política de Protección del Informante tienen como principal finalidad otorgar una protección adecuada a las personas físicas que informen a través de los canales adecuados sobre las acciones y omisiones previstas en la Ley, ha explicado la institución provincial.
Por ello, la protección del informante y la lucha contra la corrupción se convierten en objetivos “fundamentales” de la actividad y funcionamiento del OAR, que desarrollará todas las medidas necesarias para la implantación y mejora continua del Sistema Interno de Información, “como herramienta fundamental para lograr la objetividad, el cumplimiento del interés público y un mejor servicio a los municipios de la provincia y otras entidades delegantes a los que presta servicios, así como a la ciudadanía en general”.
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