CÁCERES, 2 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha señalado que fue “un error” la compra de los terrenos por parte del Gobierno regional del PP en 2014 para proyectar un aeródromo en una parcela que no podía acoger esta infraestructura pero, a renglón seguido, ha criticado la tardanza en la tramitación de los informes que han dado como resultado la emisión de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa siete años después de iniciarse la tramitación del proyecto.
En este sentido, ha avanzado también que el ayuntamiento cacereño “no esperaba” una DIA negativa por parte del Ministerio de Transición Ecológica que tumbara el proyecto, sino “un informe positivo condicionado a ciertas cosas”, ha dicho el regidor, que ha insistido en que no se renuncia a esta infraestructura y se buscarán alternativas para una nueva ubicación en colaboración con la Junta de Extremadura.
“Fue un error de la Junta de Extremadura durante el Gobierno de José Antonio Monago comprar los terrenos sin las garantías suficientes de que iba a poder construirse allí el aeródromo, y es un error porque ahora tenemos unos terrenos que costaron casi medio millón de euros y que, de momento, no sirven para el aeródromo, aunque ojalá cambien los marcos y sirvan para otra cosa”, ha dicho Salaya.
A preguntas de los medios sobre este asunto tras una rueda de prensa este jueves, ha señalado también que “los procedimientos son demasiado largos”. “Esto era un proyecto público, pero tantos años de procedimientos para valorar el impacto ambiental del proyecto no tiene ningún sentido”, ha criticado el dirigente municipal, que ha confiado en “rescatar” el proyecto y poder realizarlo en otra ubicación.
“Vamos a pelear para que se pueda hacer en otro sitio pero si esto fuera un proyecto privado se hubiera marchado hace mucho tiempo porque no pueden durar tanto los informes de impacto ambiental”, ha recalcado.
Así, ha pedido “sistemas más ágiles que garanticen el cumplimiento de las leyes en materia de medio ambiente”, al tiempo que ha pedido “respeto” a los técnicos que tienen que valorar si se cumplen esas medidas de impacto ambiental, y ha mostrado su “rechazo” a quienes creen que los informes técnicos “tienen que estar dirigidos por los políticos”, ya que, según ha defendido, los gobiernos “no influyen” en los informes técnicos porque “además de ilegal, sería una violación del orden administrativo que no es aceptable”.
Respecto a la búsqueda de otra alternativa para ubicar el aeródromo en colaboración con la Junta de Extremadura, Salaya ha pedido tiempo para no volver a cometer errores. “Necesitamos tiempo para hacerlo bien”, ha dicho el regidor, quien ha añadido que “nadie entendería que se repitiese la historia” y se anunciaran unos terrenos que finalmente no cumplieran los requisitos para albergar una infraestructura aérea.
“Imaginad que anunciamos una finca, la compra la Junta de Extremadura, iniciamos un estudio de impacto ambiental y dentro de ocho años cuando se rechace los vecinos nos dirían que ya basta de tomaduras de pelo”, ha subrayado, al tiempo que ha añadido que “no se pueden gastar esas cantidades de dinero en anunciar proyectos que luego no salen adelante”, por lo que ha insistido en que la próxima ubicación que se dé debe contar con la seguridad de que “es apta para acoger un proyecto de este tipo”.
FOTOVOLTAICAS
Respecto a la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo del recurso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de diciembre de 2021 que anulaba la modificación del Plan General Municipal (PGM) para poder instalar plantas solares fotovoltaicas en el terreno denominado Llanos de Cáceres, Salaya ha mostrado su satisfacción por este nuevo paso judicial que espera se resuelva de forma satisfactoria para los intereses de la ciudad.
Cabe recordar que la modificación del plan de urbanismo cacereño supone poder construir instalaciones fotovoltaicas de más de 5 megavatios de potencia y 10 hectáreas de extensión, que era el límite que se recogía en el PGM.
El alcalde ha recordado que la actual normativa sobre protección ambiental ha contribuido a preservar la riqueza natural del entorno de la ciudad, que cuenta con casi todo el término municipal protegido, pero por otra parte ha defendido que “hay que dar seguridad jurídica a los inversores y a los proyectos”, y para ello “hay que delimitar de forma más clara lo que se puede hacer en cada nivel de protección” porque “si cualquier protección significa una protección total no hay diferencias entre los niveles”.
Por eso, el Ayuntamiento de Cáceres entiende que en las zonas en las que se había permitido el aumento de proyecto de fotovoltaicas “está más que justificado que se pueda hacer” esta modificación urbanística, no solo por las plantas en sí, sino también por los proyectos industriales que vienen vinculados a esas instalaciones como es el caso del ecopolígono CCGreen.
“Habrá que pensar seriamente que hacen falta cambios en los marcos regulatorios que permitan que haya cierto tipo de iniciativas respetuosas con el medio ambiente, con buenos informes de impacto ambiental, pero se tiene que pode invertir en la ciudad”, ha concluido.
De momento, los proyectos de instalación de fotovoltaicas previstos en la ciudad y afectados por la sentencia esperarán a que se resuelva la cuestión judicial para seguir adelante con ellos.
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