MÉRIDA, 26 (EUROPA PRESS)
El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos José María Casares ha señalado tras el anuncio de compromiso de la Junta con los sindicatos CCOO y UGT acerca de la subida salarial del 2% y la carrera profesional para los empleados públicos que a falta de un año para las elecciones la situación es la misma que en 2019, en el sentido de que tras ganar los comicios los acuerdos “desaparecen”.
En una rueda de prensa, Casares se ha referido a la “prolífica” semana que lleva el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara en cuanto a la política de recursos humanos, lo cual “no deja de admirar” a la oposición, ha dicho, que lleva mucho tiempo reclamando que les informe sobre los avances en la función pública, y se encuentra que “una tarde, en un sofá, con CCOO y UGT, se desbloquean” cuestiones como el pago de la subida salarial del 2 por ciento pendiente de 2020 y la carrera profesional.
En su opinión, este acuerdo “denota que hay aire de elecciones”, previstas para dentro de un año, y que el Gobierno regional tiene “miedo” a las urnas, así como que se posiciona a favor de estos “sindicatos de cabecera”, como en otras ocasiones, dado que también entran en periodo electoral en la administración pública.
El diputado de la formación naranja considera que “lo lógico” sería que este tipo de anuncios se hicieran en las mesas negociadoras y en el parlamento, que “para eso están, para informar a los partidos políticos y los sindicatos”.
Con respecto a cómo va a pagar la Junta dichos acuerdos, ha recordado que su formación ha preguntado reiteradamente al Gobierno en sede parlamentaria sobre esta asunto sobre el que “siempre se han negado” a informar.
Así, ha apuntado sobre el pago del 2 por ciento que la administración se limitaba a responder que se haría cuando hubiera estabilidad presupuestaria, y sin embargo, la consejería acaba de cifrar en 85 millones el impacto de la inflación en los Presupuestos Generales de la comunidad para este ejercicio.
Tampoco se conoce el presupuesto necesario para pagar la carrera profesional, por lo que ha advertido de que “a falta de un año” para las elecciones la situación es la misma que en 2019: “el año antes se empieza a hablar, se llega a acuerdos de pago de la carrera profesional y otras mejoras en 2019, que después de ganar las elecciones desaparecen”, ha remarcado Casares.
“Este gobierno solo llega a acuerdos cuando llegan las elecciones y luego se olvidan de los empleados públicos”, ha incidido el diputado de Cs, quien ha pedido “más respeto” para el colectivo por parte de la Junta.
PROCESO DE ESTABILIZACIÓN
Con respecto al proceso de estabilización de las plantillas y la información ofrecida por la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, este pasado miércoles, ha negado que estas cifras se hayan negociado, puesto que “se han llevado a la mesas sectoriales y a la general unos documentos que no han sido avalados por los sindicatos porque no conocen los números”, al igual que tampoco los conocen los partidos políticos.
Al respecto, ha deseado que estas cifras sean “reales”, para que no acaben en los tribunales de justicia, por lo que reclama que se desarrolle el proceso con transparencia y con la mayor seguridad jurídica.
En cualquier caso, ha puesto en duda que la cifra anunciada en el ámbito de la Administración General, que tiene una tasa de temporalidad superior al 35%, sea suficiente, al tiempo que ha lamentado que la Junta trabaje “muy lentamente” a la hora de convocar oposiciones.
SEIS AÑOS PARA CUBRIR UNA PLAZA
Al respecto, ha recordado que están en marcha las de 2018, y que están pendientes de salir las de 2019, 2020 y 2021, así como la de este 2022, que se negociará a final de este año. Por tanto, a final de año habrá cuatro ejercicios pendientes de convocarse las correspondientes oposiciones.
A ello se suma que esta administración es “lenta de narices” para resolver los procesos, que se alargan durante “al menos dos años”, por lo que van a pasar hasta seis años en cubrirse las plazas vacantes de la convocatoria de 2019.
Por todo ello, ha pedido a la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, que comparezca en la Asamblea para aclarar las políticas recursos humanos de la Junta, y ha señalado que si no lo hace a petición propia así lo reclamaran desde la oposición.
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