MÉRIDA, 24 (EUROPA PRESS)
El secretario general de Presupuestos y Financiación de la Junta de Extremadura, Isidoro Novas, ha estimado el impacto de la inflación en el Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de 2022 en 85 millones de euros, es decir el 1,2% de las cuentas aprobadas, si bien ha avanzado que el alza de los precios no afectará a la previsión de ingresos inicial.
“Tenemos la misma previsión de ingresos y vamos a pagar más por los mismos servicios que teníamos que prestar y que vamos a seguir prestando, por importe de 85 millones de euros”, ha subrayado Novas.
Conclusión a la que ha llegado en su intervención en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta del diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, quien ha reconocido la dificultad de realizar dicha valoración teniendo en cuenta el “complicado” escenario actual, con una guerra en Ucrania cuando se empezaba a recuperar la situación de la pandemia, que lo ha puesto “todo patas arriba”.
Una pregunta que ha justificado ante el mayor aumento de la inflación en los últimos 40 años por una serie de razones que “parecían coyunturales” pero que apuntan a marcar un “tendencia más profunda y larga de lo que se esperaba”.
En su respuesta, Isidoro Novas ha explicado que para calcular el alza de los precios en las cuentas públicas no se toma como referencia el IPC, que pone sobre la mesa la evolución de la cesta de la compra de una familia media. En este caso, los indicadores utilizados son el deflactor del consumo público, y el deflactor de la formación bruta de capital fijo.
Novas ha explicado que su departamento ha realizado un “ejercicio novedoso” para poder calcular el impacto del alza de los precios en el presupuesto. Para ello, se han tomado como base los 7.000 millones de euros del presupuesto actual, y se ha hecho una estimación del previsible gasto para 2022, para lo cual se han ayudado del nivel de ejecución de los distintos capítulos de los tres últimos ejercicios.
A partir de ahí se ha hecho una correspondencia entre los términos de la contabilidad nacional, es decir, el deflactor del consumo público, y el deflactor de la formación bruta de capital fijo con los capítulos de gasto.
El secretario ha explicado que son consumos públicos los gastos se identifican con los capítulos de gastos de personal, gasto corriente en bienes servicios y determinadas trasferencias del capítulo 4, como las recetas, los conciertos educativos, la universidad y el sector público con presupuestos estimativo.
En cuanto a la inversión de capital fijo, se identifica con el capítulo 6 de inversiones reales, de modo que quedan excluidas las transferencias corrientes y de capital, el de préstamos y los pasivos financieros.
El capítulo 3 también se ha excluido porque los tres instrumentos ligados a la inflación formalizadas en los años 2011 y 2012, ambos por 25 millones de euros, y 2013, de 30 millones, se contrataron junto otros derivados que cubren del impacto de la inflación a cambio de un aumento del tipo, de modo que el efecto sobre ellos será “neutro”.
De este modo, se aplica a los capítulos señalados el deflactor del consumo público y el deflactor de la formación bruta de capital fijo del cuadro macroeconómico actualizados, que se sitúan en el 3,1%, es decir, dos puntos más que el utilizado para la elaboración del presupuesto; y en el 5,7%, es decir, 3,9 puntos más.
Una vez hecho este ejercicio, la estimación de euros constantes evolucionado de acuerdo con estos deflactores, y comparada con la previsión inicial, arroja un impacto en los precios de adquisición de bienes y servicios con cargo al presupuesto de 85 millones de euros.
EL ÁREA SOCIAL, LA MÁS AFECTADA
Es decir, “estamos pagando por los mismos servicios y por los mismos bienes 85 millones de euros más en el presupuesto, de los que 75 millones son de consumo público y 10 millones correspondientes a la inversión en capital fijo.
En cuanto a los sectores afectados, ha situado el 78,3 por ciento de esta cantidad en el área social. Concretamente en sanidad un 45,6%, en educación un 16,3% y en dependencia el 10,6%. En cuanto al área económica, el mayor impacto se refleja en las infraestructuras, con un 12,4 por ciento.
Por tanto, además de a las familias, la inflación también se traslada a la administración autonómica, de modo que se pagará más por los mismos servicios, fundamentales o no fundamentales, en una cuantía estimada de 85 millones, lo que supone el 1,2 por ciento sobre el presupuesto inicial de 2022.
NO AFECTA A LOS INGRESOS
Por otro lado, Novas ha señalado que la inflación no está afectando a la previsión ingresos, que en su explicación los ha enmarcado en cuatro bloques, a los que hay que aplicar el PIB nominal, es decir, a precios corrientes.
El primero de estos bloques es el endeudamiento, que supone el 19% del total, y es “algo que está tasado” y por tanto no se ve afectado. El segundo bloque es el de las transferencias finalistas, procedentes de la UE y del estado, y que representan el 32% de los ingresos. En su caso, es algo que está “acordado y programado”, y por tanto tampoco afecta.
El tercer bloque es el de los recursos del sistema de financiación autonómica, que representan el 46 por ciento del total. De ellos, el 44 por ciento no se ve afectado por la inflación, porque son entregas a cuenta, que están programadas, cuantificadas y que se van a “seguir percibiendo con independencia de si la inflación es mayor o menor”, y también las liquidaciones del sistema de financiación.
Asimismo, hay un bloque del 2 por ciento relacionado con el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impuesto sobre determinados medios del transportes y tasas fiscales, que sí se verían afectados por la inflación, pero si se compara la evolución de la tasa del PIB nominal “prácticamente van a seguir comportándose de la misma manera” sobre las previsiones iniciales.
Finalmente, los recursos propios que representan el 3% del presupuesto. De este bloque, dos terceras partes no se ven afectadas por la inflación, que es donde se encuadra el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiento, determinados reintegros e ingresos patrimoniales.
Pero la tercera, que se corresponde con el 1% del total, sí se ve afectado, y que tiene que ver con el impuesto de aprovechamiento cinegético, actividades de juego, residuos en vertedero, saneamiento tasas y precios públicos, pero que al estar sujeto a la actividad económica, la diferencia entre un escenario a otro es “prácticamente el mismo”.
Por tanto, el 97 por ciento del total no se ve afectado, y un 3 por ciento sí, pero “en los mismos términos nominales”, con lo que concluye que la previsión del escenario de ingresos que había en octubre de 2021, utilizado para la elaboración de los PGEx, “no se ve alterada por la actual situación de la inflación, es decir sigue estando vigente”.
- Te recomendamos -
