MÉRIDA, 24 (EUROPA PRESS)
El pleno de la Asamblea de Extremadura ha convalidado este jueves, día 24, el decreto/ley 1/2022 de la Junta que optimiza la contratación pública para impulsar la recuperación y el crecimiento sostenible e innovador de la comunidad.
La norma, que según la Administración regional recoge las inquietudes y demandas del empresariado extremeño y pone el foco en la calidad de las prestaciones objeto de los contratos, introduce que el aspecto cualitativo sea determinante en la oferta, y no se limite la adjudicación únicamente al criterio de precio, por lo que se considerarán aspectos como la calidad, la mayor vida útil de la obra o servicios o la innovación empresarial.
El decreto ha sido convalidado con el voto a favor del PSOE, el PP y Ciudadanos y la abstención del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura.
Asimismo, en la norma se otorga un tratamiento especial a los contratos de servicio de consultoría, ingeniería, arquitectura, urbanismo, tecnologías de la información y comunicación y cuidado de personas y se incluye la posibilidad de aplicar umbrales de saciedad en la valoración de ofertas para evitar las bajas desproporcionadas.
También, para abordar el encarecimiento en los precios de las materias primas y de la energía, el Decreto-Ley prevé la obligación de incluir cláusulas de revisión de precios en todos los contratos que se liciten por procedimiento abierto, y la no penalización por retrasos en los plazos derivados de la falta de suministros a consecuencia del desabastecimiento.
Igualmente, se amplían las medidas de revisión en casos de alteración extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales en los contratos de obra pública a los contratos que se encuentren en ejecución con anterioridad al 1 de enero de 2021.
De este modo lo ha explicado este jueves en el pleno de la Asamblea durante el debate para la convalidación de la norma la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien ha destacado que el Decreto-Ley 1/2022, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica, “optimiza y mejora la eficiencia de este instrumento público para impulsar la recuperación, la inversión y el crecimiento sostenible e innovador de Extremadura”.
La contratación pública, ha señalado la vicepresidenta, es un medio para alcanzar objetivos de carácter económico, social y medioambiental demandados por la ciudadanía y no sólo un conjunto de pautas que la Administración sigue para adquirir bienes y servicios.
En este contexto de crisis por las consecuencias de la pandemia y de la guerra en Ucrania, la titular de Administración Pública ha remarcado que la eficiencia en la contratación es una “obligación ineludible” para el Gobierno, de forma que se dé el mejor uso posible a los recursos disponibles y se contribuya a “mitigar” los efectos de la crisis.
Por ello, Blanco-Morales ha señalado que las medidas incluidas en el Decreto-Ley persiguen agilizar los procesos de contratación administrativa desde el equilibrio entre eficacia, transparencia y rigor, y “sin desvirtuar los controles que garantizan el buen uso de los fondos”.
Al mismo tiempo, ha definido esta norma como “ambiciosa e innovadora”, con la que el Ejecutivo regional “avanza” en la calidad de la contratación pública estratégica socialmente responsable, a través de la cual impulsa la innovación, la transición ecológica, la eficiencia energética, la economía de los cuidados, la cohesión social y territorial y la transformación digital de la sociedad extremeña.
POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS
Por su parte, la diputada del PSOE Estrella Gordillo ha defendido que el decreto abordado este jueves en la Asamblea se enmarca dentro del planteamiento de que hay que “velar por las condiciones que permitan que las obras y servicios que se prestan sean de calidad”, dentro de una situación “excepcional” que requiere medidas “excepcionales y urgentes”.
Así, tras destacar que el decreto pretende “contribuir al impulso de la recuperación, la inversión y el crecimiento sostenible e innovador” en la región, ha incidido en que el mismo es “pionero” y “reconocido” a nivel nacional en materia de contratación pública “poniendo el foco en la calidad”.
“Traslada la sensibilidad y el compromiso de la Junta con el sector empresarial ante una realidad de aumento de costes que alteran las condiciones en la que se ofertan los servicios a la Administración”, ha subrayado.
Gordillo, en este sentido, ha defendido que la contratación pública es un “instrumento fundamental por el volumen de gasto que representa”, y ha criticado el “ruido” que a su juicio está practicando el PP en esta materia, “en un ejercicio de rapiña política, sin hacer ni una sola propuesta” sobre la cuestión para “corregir las deficiencias en el proceso de contratación con el fin de evitar resultados adversos”.
La socialista, al respecto, ha subrayado que el decreto ley busca “mejorar la calidad en la contratación pública” en Extremadura y “mitigar” las consecuencias que en la región han ocasionado la crisis sanitaria, social y económica de la Covid y la situación actual de los mercados nacionales e internacionales.
A su vez, el diputado del PP Víctor del Moral ha calificado de “decreto-ley lenteja” el abordado este jueves en la Asamblea porque la Junta lo introduce con el planteamiento de “o lo tomas o lo dejas”, ya que no ha sido consultado –ha dicho– con la oposición ni con el sector, dentro de la “soberbia de la mayoría absoluta” que practica el PSOE.
Tras recordar que el decreto tiene el objetivo de mejorar la calidad y la eficiencia en la contratación pública, ha afirmado que incluye cuestiones que “ya se hacen ahora” y ha afirmado que para la aplicación de otras deberá contarse con la autorización por parte del Estado.
Además, ha lamentado que se trata de medidas “a futuro” y que a su juicio no da soluciones a los contratos públicos ya firmados hasta ahora, y ha afirmado que “o se dan soluciones urgentes a los sobrecostes o no podrá contar ninguna obra”, tras lo que ha incidido en que ya “ahora están paralizadas todas las obras de la Junta de Extremadura”.
De su lado, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha pedido medidas para “contrarrestar” los efectos que el alza de los precios está provocando también en materia de contratación con las administraciones públicas, y ha considerado “positiva” la consideración a partir de ahora de un mayo peso de otros indicadores más allá del precio en los contratos.
“Nos alegramos de que prospere la idea de que no es necesariamente la mejor oferta la que presente el precio más bajo”, ha sentenciado Casares, quien también ha valorado del decreto abordado este jueves que “no se penalice el retratos en los plazos cuando sea por causa de suministro”.
A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha considerado “positivo” del decreto la ponderación del precio para las ofertas que se presenten en las contrataciones, y establecer umbrales a las ofertas muy bajas, aunque ha mostrado sus “dudas” porque se faculta a la consejería para modificar los porcentajes relativos a los contratos de obras y mixtos.
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