La Unión reclamará 15,5 millones a la Seguridad Social y 63 a la Junta por el convenio del campo «ilegítimo»

MÉRIDA, 8 (EUROPA PRESS)

La Unión Extremadura va a interponer sendas reclamaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Junta de Extremadura para exigir la devolución de las cantidades que los empresarios agrarios han pagado en aplicación del Convenio del Campo anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que se traducen en 15,5 y 63 millones de euros, respectivamente.

Un convenio «ilegítimo» aplicado en los años 2019 y 2020 anulado «por falta de legitimación de Asaja, Upa-Uce y Coag para representar a la parte empresarial», según indica La Unión en una nota de prensa.

Cabe recordar que el convenio anulado contempló una subida salarial del 26,76 por ciento tanto en los salarios como en las cotizaciones a la seguridad Social.

Ahora el Juzgado recoge como hechos probados que los negociadores por la parte empresarial representaban al 20.1 por ciento de las empresas y afectaba al 19,3 por ciento de los trabajadores, pero firmaron un convenio colectivo que «pretendían aplicar al 100 % de los empresarios».

La Unión solicitó formar parte de la mesa negociadora del convenio del campo en enero de 2019, pero la Dirección General de Trabajo exigió a esta organización que justificara que representaba a más del 10 por ciento de los empresarios que daban trabajo a más del 10 por ciento de los obreros agrícolas. Una exigencia, añaden, que no se trasladó al resto de organizaciones agrarias.

Las subidas salariales aprobadas en el convenio anulado «solo son aplicables a los firmantes de dicho convenio», por lo que los agricultores y ganaderos afiliados a Asaja y a Upa (los listados de estos empresarios fueron aportados por estas organizaciones al juzgado) se les aplica un salario para los eventuales de 46,33 euros en el año 2019 y de 48,89 euros en el 2020, pero en cambio los empresarios que no estén afiliados a estos organizaciones «se les tiene que aplicar un salario de 38,57 euros por jornada».

De esta forma, la «negligencia» de la Dirección General de Trabajo ha llevado a los empresarios extremeños a pagar en salarios 27,16 millones de euros más en el año 2019 y 36,12 millones más en el 2020.

Lo mismo ocurre con las cotizaciones sociales, por las que estos mismos empresarios han cotizado 6,68 millones de euros más en el 2019 y 8,89 millones más en el 2020.

Por todo ello, La Unión Extremadura va a presentar una reclamación a la Tesorería General de la Seguridad Social para que devuelva a los empresarios extremeños los 15,57 millones de euros cotizados indebidamente.

También reclamará a La Junta de Extremadura, como «responsable subsidiaria», el pago de 63,28 millones de euros «pagados de más de manera indebida» en salarios por la elevación a rango de Convenio Colectivo, un acuerdo que «solo debería haber afectado a los firmantes».

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