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El organismo autónomo Restaura de la Diputación de Badajoz comienza su labor con la participación de 95 municipios

BADAJOZ, 3 (EUROPA PRESS)

El Consejo Rector del nuevo Organismo Autónomo de Protección de Legalidad Urbanística ‘Restaura’ de la Diputación de Badajoz se ha constituido este viernes bajo la presidencia de Miguel Ángel Gallardo.

Un organismo que ha arrancado con un total de 95 municipios adheridos, una vez que el pleno de la Diputación de Badajoz ha aceptado el acuerdo de delegación por los ayuntamientos firmantes de la competencia en materia urbanística, inspección, sancionadora y demolición, en sus respectivos términos municipales.

Cabe recordar que el pleno de la diputación pacense creó el 31 de marzo de 2023 este Organismo Autónomo Provincial de Protección de la Legalidad Urbanística, (Oaplu_Restaura), con la finalidad de ejercer las competencias municipales de inspección urbanística, protección de la legalidad y sancionadora en materia de urbanismo que sean debidamente delegadas por los Ayuntamientos de la provincia de Badajoz, con una población inferior a 20.000 habitantes.

El presidente de la Diputación de Badajoz y del Oaplu_Restaura, Miguel Ángel Gallardo, ha sido el encargado de llevar a cabo la constitución del Consejo Rector de este nuevo organismo autónomo, el cual estará formado por alcaldes y alcaldesas, diputados y diputadas provinciales y un representante de la Fempex.

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La finalidad principal del ‘Restaura’ será garantizar el ejercicio de la competencia municipal en materia de disciplina urbanística en aquellos municipios que la deleguen a la institución provincial pacense, que ha explicado en nota de prensa que su “apuesta decidida” por la implantación de este nuevo servicio público persigue solventar el problema al que se enfrentaban los primeros ediles de los ayuntamientos en la aplicación de la “compleja” legislación urbanística en sus términos municipales.

También por la responsabilidad administrativa y penal a la que se enfrentan las autoridades locales y funcionarios en su aplicación ante una falta de medios materiales y humanos y, en algunos casos, con la presión de los vecinos, ha detallado, junto con que en plenos sucesivos la Diputación de Badajoz irá aceptando los acuerdos del resto de los ayuntamientos de la provincia que deleguen esta competencia a la institución provincial.

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EXPEDIENTES DE RUINA

Otras funciones que ejercerá el Oaplu_Restaura serán la tramitación de expedientes de ruina legal e inminente en cada término municipal, para mantener la conservación de las viviendas y garantizar la seguridad y protección de las personas y bienes en cada pueblo, ante el abandono del deber conservar sus viviendas por los propietarios o herederos.

El ‘Restaura’ llevará por sí mismo la demolición de las viviendas en peligro de ruina inminente o legal cuando el propietario no cumpla con su deber de conservación y salubridad y repercutiendo todos los gastos a la persona obligada.

También prestará un nuevo servicio, consistente en la tramitación los expedientes sancionadores por contaminación acústica y las mediciones de ruidos ante denuncias de vecinos o a petición del propio ayuntamiento.

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Asimismo, continuará con el apoyo a los consistorios en la defensa de sus bienes de dominio público que hayan sido usurpados por particulares y garantizar el uso público de los mismos por todos los vecinos.

La sede social estará en Badajoz, aunque sin embargo el ‘Restaura’ tendrá las oficinas principales en Mérida, Cabeza del Buey, Guareña y Monasterio. Seguidamente, se irá implantando en otros municipios de la provincia para prestar un servicio efectivo al ciudadano y a los ayuntamientos que hayan delegado la competencia en materia urbanística.

Por último, facilitará el asesoramiento y el apoyo continuado a los ayuntamientos y a los vecinos para el desarrollo de cualquier actuación urbanística en suelo rústico, urbanizable o urbano, previo a la solicitud de la preceptiva licencia urbanística, de forma que se evitan gastos innecesarios, y se garantiza el cumplimiento de las exigencias urbanísticas o ambientales, entre otras, de cada municipio a la vez que se reducen los plazos de ejecución.


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