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Los presupuestos de la Diputación de Cáceres para 2023 alcanzan los 156,25 millones

El 58,33% se destina a inversiones en los pueblos y 17,7 millones va a la generación de empleo en los municipios

CÁCERES, 8 (EUROPA PRESS)

El Presupuesto de la Diputación de Cáceres para 2023 alcanza los 156,25 millones de euros y llega a los 170,8 millones si se incluyen las cuentas del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), que contará con un presupuesto de 7,69 millones, y los tres consorcios dependientes (Museo Pérez Comendador-Leorux, Institución Ferial de Trujillo y Consorcio MásMedio). El presente ejercicio contó con 153,35 millones de euros y el consolidado ascendió a los 165,8 millones.

Las cuentas de la institución provincial para el año que viene destinan 58,33% a inversiones en los pueblos y 17,7 millones de euros se destina a la generación de empleo y unos 6 millones para gastos corrientes. En infraestructuras y obras se incluyen 40,4 millones de euros, de los que el plan de carreteras se llevará 10 millones para mejorar la red viaria provincial, o el carril bici de Cáceres a Casar de Cáceres con 1,9 millones de euros, además de la mejora de residencias de mayores, con 2 millones de euros.

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El presupuesto, que será aprobado en un Pleno extraordinario el próximo 17 de noviembre, han sido presentado este martes por el presidente de la diputación cacereña, Carlos Carlos, acompañado de su equipo de gobierno, quien ha resaltado que el 58,33% del presupuesto se destina a inversiones en los pueblos y 17,7 millones va a la generación de empleo en los municipios.

Carlos Carlos ha incidido en que estos presupuestos “profundizan” en la autonomía local de los ayuntamientos y para ello los planes de inversiones se gestionarán a través de transferencias, de manera que en se consignan en el Capítulo 7 de forma nominativa, principalmente el Plan Activa que está dotado con 15 millones de euros, dinero que los ayuntamientos podrán gastar en obras, generación de empleo, gastos corrientes y gastos inventariables.

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“Esto garantiza tesorería y liquidez a los propios ayuntamientos porque la diputación estaría en condiciones de estar pagando los distintos programas en el mes de enero”, ha aseverado el presidente.

Otra novedad es la potenciación del servicio de asesoramiento a los ayuntamientos para lo que se creará una Oficina de la Legalidad Urbanística a la que los municipios podrán adherirse para facilitarles la gestión en disciplina urbanística y “salvaguardar a los alcaldes de la responsabilidad civil, e incluso penal, que conlleva en ocasión este asunto”, ha dicho el presidente.

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