MÉRIDA, 21 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha informado de que se licitará por el procedimiento de urgencia y de la forma “lo más rápida posible” el servicio de transporte sanitario terrestre en Extremadura.
Así, entre las líneas generales de licitación se encuentra, que el expediente se hará en abierto por procedimiento de urgencia y reduciendo el plazo de validez. La duración del contrato será por un año, prorrogable por un periodo similar hasta en cuatro ocasiones más.
De esta forma, se afronta “lo convulso” de un sector y la “lucha contra la inflación” que la crisis está “poniendo en jaque a toda la Unión Europea”.
José María Vergeles ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia este jueves, a petición de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, en el pleno de la Asamblea, en la que ha añadido que la tramitación será por urgencia y la estructura será “la misma que el expediente desistido”.
De esta forma, no estará incluido el centro coordinador y además contará con dos lotes, uno por provincia. También incluirá el cómputo estimado por lo juzgado por el Tribunal Supremo y que afecta al personal de emergencia con la jornada de 1.800 horas anuales de presencia física.
También, según ha avanzado Vergeles, el contrato se adaptará al decreto ley 1/2022 de Medidas Urgentes de Mejora de la Calidad en la Contratación Pública para la Reactivación Económica.
De esta forma, ha aseverado Vergeles, la Junta seguirá adaptándose a la legalidad “más estricta” para que “no haya problemas” y velando por que los extremeños reciban el “mejor de los transportes sanitarios terrestres”.
SERVICIO “ESENCIAL”
En su comparecencia, el consejero se ha referido a los “esfuerzos” de la Junta para mantener un servicio “esencial” en su “máximo periodo de convulsión” con el objetivo “claro” de que los extremeños tengan un servicio “de calidad, como el que tienen”.
Vergeles ha reconocido que le gustaría que este contrato hubiera sido más fácil y que se hubiera respetado la fase “aguda” de la pandemia y ha añadido que cuando comparece en la Asamblea la oposición siempre sale en defensa de intereses de empresas o de trabajadores pero “nadie vela por el interés de los ciudadanos”.
Por ello, ha dicho que “no está siendo fácil” pero el Ejecutivo regional no va a decaer en el empeño de dar un transporte sanitario “de calidad” a los extremeños, aunque ha avisado de que los “recursos son finitos y cuando solo se lucha por los intereses de una parte se acaba rompiendo el cesto”.
“Puede que se tenga que tomar decisiones por parte de quienes ostentamos la responsabilidad de gobernar para asegurar los intereses de los ciudadanos de la forma más eficiente posible. Además, quiero dejar claro que siempre nos ajustaremos a la legalidad”, ha recalcado.
Respecto a la sentencia del Tribunal Supremo, Vergeles ha indicado que la misma solo afecta a una parte “pequeña” de los trabajadores, a la parte de los servicios de emergencia, y que podía haberse tenido en cuenta o no, ya que afectaba a Castilla y León.
En esta línea, ha asegurado que esta sentencia no afecta al convenio colectivo y ha apuntado que no puede decir cuándo van a llegar a un acuerdo la empresa y trabajadores porque no es su función.
EL PP PEDIRÁ UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
En el turno del PP, la diputada Elena Nevado ha anunciado que su grupo registrará en la Asamblea la solicitud de una comisión de investigación para conocer por qué hace uso el gobierno de la Junta del contrato de emergencia y por qué da “a dedo” un contrato millonario a una empresa que se constituyó “pocos meses antes de la adjudicación del contrato”.
En su intervención, Nevado ha indicado que el PP y Cs hacen comparecer a Vergeles obligados por su “opacidad” y “memoria selectiva” y en relación a uno de los contratos de “mayor cuantía” de la Junta de Extremadura, ya que los extremeños tienen que saber que el “fracaso” de este contrato va a costar “muy caro” cuando haya que liquidarlo.
Asimismo ha confiado en que los grupos apoyen en la Asamblea la creación de esta comisión de investigación que “ponga luz y taquígrafos” a un contrato “tan importante” y en el que Vergeles debe dar “mucha cuenta”.
Nevado ha insistido en que su partido “no se fía” de Vergeles y que pide explicaciones no para el PP sino para los extremeños que utilizan este servicio, ya que ha advertido de que el “fracaso” de la gestión de este servicio lo acabarán pagando los ciudadanos.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha lamentado la situación por la que ha atravesado el transporte sanitario terrestre en Extremadura en los últimos años.
Por ello, ha preguntado por las acciones que se están llevando a cabo para el nuevo contrato, cómo se va a garantizar la seguridad jurídica y qué garantías pueden tener los extremeños de que no va a haber un nuevo contrato de emergencia, además de interesarse por los plazos de un contrato “en condiciones”.
Respecto a la comisión de investigación propuesta por el PP, Cs no ve inconveniente en su celebración, ya que la investigación se lleva a cabo con el ánimo de “saber más”, al tiempo que ha recalcado que este contrato debería tener el máximo de los consensos.
También, y sobre el Centro Coordinador, el diputado de Cs se ha preguntado sobre la situación en la que quedarán los trabajadores al internalizarse ese recurso.
En el turno de Unidas por Extremadura, el diputado Joaquín Macías ha criticado que el servicio de transporte sanitario terrestre venga siendo un “clásico” y ha lamentado que la Consejería de Sanidad no dé con la “tecla” para solucionar su problemática.
También ha considerado que el hecho de que los trabajadores tengan buenas condiciones laborales repercute en la prestación de un mejor servicio, al tiempo que se ha referido a que tras la sentencia del Supremo habría que contratar unos 400 trabajadores más, algo que sería relevante para las empresas.
Así, ha apuntado que la consejería “no se puede lavar las manos” en esta cuestión, ya que aunque el convenio lo tienen que negociar otros agentes el mismo está condicionado con el precio de la licitación, algo que es “inevitable”.
De igual forma, ha lamentado que se deseche la internalización del servicio, algo que cree que sentaría un precedente, aunque ha valorado que se mantenga que el centro coordinador sea público, lo que considera que es ya un “avance”. Asimismo, ha indicado que, con un año más por contrato de urgencia prorrogable a cuatro más, de entrada “se salva la situación” en estos momentos pero le genera “dudas”.
Finalmente, el diputado del PSOE Carlos Labrador ha valorado la comparecencia del consejero, con la que queda demostrada la “transparencia”, en este caso de un “servicio esencial”.
De esta forma, ha considerado que no se pueden dar “más explicaciones” para que los ciudadanos conozcan en detalle lo que se está haciendo, al tiempo que ha agradecido a los trabajadores de este servicio por la labor que prestan a los ciudadanos.
Labrador también ha lanzado un mensaje de tranquilidad, ya que con la Junta de Extremadura el transporte está “completamente garantizado” y es de “calidad”, además de solicitar a la oposición que dejen de zancadillear el trabajo de la Junta en este sentido.
Finalmente, el diputado socialista ha valorado que el Ejecutivo regional actué “con responsabilidad” para dar “certidumbres”, tanto a las empresas como a los trabajadores del transporte sanitario terrestre y le ha pedido que “siga a lo suyo” y “mejorando la sanidad”.
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