MÉRIDA, 28 (EUROPA PRESS)
La Junta de Extremadura dispone de un Plan de medidas efectivas para la prevención y lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses que permita “eficazmente” identificar y expulsar de inmediato aquellos comportamientos que, asociados a estas prácticas, puedan atentar contra los intereses financieros de la Unión Europea y menoscabar los intereses generales de la Administración, así como su imagen y reputación institucional.
El decreto que regula dicho plan se ha publicado este pasado jueves 24 de marzo en el Diario Oficial de Extremadura, y pone de manifiesto el “compromiso firme” de Extremadura contra el fraude y la corrupción, al mismo tiempo que establece la estructura organizativa para su puesta en funcionamiento.
Asimismo, da cumplimiento a la orden ministerial, de 29 de septiembre, que establece la necesidad de que cada entidad ejecutora de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) disponga de un plan de estas características, que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables.
Todo ello con la finalidad de cumplir las obligaciones derivadas del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), ha informado la Junta en nota de prensa.
POLÍTICA INTEGRAL
La Junta de Extremadura ha elaborado una “política integral”, ya que considera que la unión de fuerzas hacia una meta común, con “pautas claras, uniformes y de consenso”, que irradien a toda la organización, permitirá una “mayor y mejor aplicación” de las medidas para prevenir el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y la doble financiación, detectarlo de producirse y ponerle remedio de “forma ágil”.
La estructura organizativa dispuesta en el plan se ha configurado conforme a dos objetivos. De un lado, ser “fiel” al establecido en el PRTR, que enfoca la ejecución y control interno de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en las unidades ejecutoras.
Y, del otro, otorgar un carácter de uniformidad que fortalezca el plan como resultado de la confluencia de la organización en la estructura organizativa.
En este sentido, cabe señalar que la existencia de órganos transversales posibilita que se logre una política de “integridad común” que penetre en toda la organización e implique a todos los departamentos ejecutores en una “vertebración común para impulsar las medidas adecuadas en la misma dirección”.
La estructura se compone del Comité Antifraude, responsable máximo del plan y encargado del diseño de su estrategia, seguimiento y evaluación; del Comité Técnico Antifraude, al que le competen los aspectos técnicos de los asuntos aprobados por el anterior; y por unidades de control, coordinación y seguimiento de la gestión, que deben crearse en cada consejería o entidad ejecutora de fondos del MRR.
Asimismo, el Plan recoge, como refuerzo al “compromiso firme contra el fraude y la corrupción”, la aprobación del Código de Conducta, en el que se establecen el conjunto de principios éticos y de conducta de necesaria observancia por todo el personal de la Junta de Extremadura y su Sector Público Institucional.
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