MÉRIDA, 22 (EUROPA PRESS)
La Junta de Extremadura interpondrá esta semana un recurso de reposición al auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que insta a la elaboración de un plan de acción para la demolición del complejo Marina Isla de Valdecañas, al entender que hay elementos que “no se ajustan a derecho”.
Así lo ha avanzado el letrado general de la Junta, José Manuel Jover, en su comparecencia en la Comisión de Administración Pública, celebrada este martes para valorar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el citado proyecto.
En referencia a dicha sentencia del TS, el Letrado General ha asegurado que la Junta de Extremadura la acata “sin ningún tipo de reservas” y entiende que el Estado de Derecho “no se agota en el ejercicio de la función jurisdiccional, sino que alcanza a otras instancias judiciales e incluye la interposición de recursos”, señala la Junta en una nota de prensa.
En este sentido, ha resaltado que el actual proceso judicial es un pleito con una relevancia que “transciende a lo meramente procesal y entronca con otras iniciativas del Estado de Derecho”, como la lucha contra la despoblación en Extremadura.
Jover ha asegurado que el Ejecutivo regional ya ha interpuesto un incidente de nulidad ante la Sala Tercera del tribunal, con base en que la sentencia “vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva”.
Asimismo, Jover ha avanzado que, a resultas de la resolución del incidente, se interpondrá un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, ya que la Abogacía General cuenta con una petición expresa del Gobierno autonómico de ejecutar “cuantas acciones existan” en el Estado de Derecho.
La Junta de Extremadura entiende, ha proseguido el letrado general, que existe un “contrasentido” respecto al principio de tutela judicial efectiva, y ha asegurado que “en ningún caso se ha puesto en duda la legalidad ambiental” del proyecto, avalada con informes propios, externos e incluso por el informe de la pericial en el incidente de ejecución, ni se ha determinado la existencia de un “perjuicio ambiental”.
La cuestión que se dirime es, a su juicio, la interpretación de la legalidad urbanística respecto a la normativa nacional y que la mera aplicación de la ley de suelo estatal prevalece sobre lo que va a proteger, es decir, que conllevará que el “bien jurídico a defender no va a resultar protegido”.
Jover ha mantenido que cuando la UE dice que Marina Isla de Valdecañas “no tiene un problema ambiental lo dice expresamente”, cuando se aprobó el Proyecto de Interés Regional (PIR) fue con “todos los informes y alegaciones favorables”, incluidas las de las dos asociaciones recurrentes, cuando se aprobó la ley de la Asamblea de homologación del PIR se hizo con una “mayoría legítima y favorable”, y al hilo de esa legislación se aprobó.
Y ha añadido que “no fue hasta 2019 cuando el Constitucional dijo que, en contra de lo que habían entendido toda la doctrina jurídica de España, la legislación del suelo es absoluta e inmodificable”, una sentencia que incorpora un voto particular, ha subrayado.
Por todo ello, Jover ha defendido que la cuestión a dirimir no supone “un problema ambiental”, sino que hay una “contraposición entre desarrollo sostenible y solución conciliadora de intereses”. Y que la resolución debe pasar por “armonizar la protección del medio ambiente con el desarrollo sostenible”, cuestiones ambas que pueden “compatibilizarse”.
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