Cambios en la factura eléctrica, subir impuestos a grandes empresas o blindar el poder adquisitivo de trabajadores, entre las medidas
MÉRIDA, 15 (EUROPA PRESS)
La secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, y la portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, han coincidido en reclamar al Gobierno medidas “urgentes” que eviten que la crisis de precios que está provocando la guerra en Ucrania recaiga sobre los bolsillos de las clases trabajadoras, pensionistas y, en definitiva, de la mayoría social extremeña y española.
Así lo han manifestado ambas dirigentes en declaraciones a los medios de comunicación antes de mantener un encuentro para compartir propuestas que puedan ser trasladadas por la formación al parlamento regional, de cara a impulsar políticas tanto a nivel autonómico como nacional para paliar los efectos de la subida de precios en los bolsillos de los ciudadanos.
La dirigente sindical ha subrayado que ya se venía arrastrando un “lastre” en forma de subida de precios, pero que la invasión de Rusia a Ucrania ha elevado la situación a “insostenible”.
Ambas han puesto el foco en la factura eléctrica. Encarna Chacón ha señalado que las grandes compañías del sector han “venido especulando con los precios”, por lo que considera que “ya es momento de que el Gobierno ponga pie en pared” para buscar una solución a una inflación que ha alcanzado el 8,1 por ciento en febrero en la región impulsada por la energía.
“No a la especulación de las eléctricas. No a seguir enriqueciéndose con beneficios venidos del cielo”, ha dicho Chacón, quien ha reclamado al Gobierno que “ponga limites” para evitar este “robo a mano armada” de las eléctricas a los ciudadanos.
“Hay soluciones, medidas”, considera la dirigente sindical, que han de ponerse sobre la mesa para que esta situación no la vuelvan a sentir los trabajadores en sus bolsillos, teniendo en cuenta la “dificultad” que están encontrando para “arrancar” unos salarios dignos.
Por ello, se necesitan políticas del gobierno consensuadas, como se ha venido haciendo durante la pandemia, que pongan una solución a esta “subida imparable de los precios”.
Lo primero sería, ha señalado “atajar el mix energético” y la tarificación eléctrica, porque “no se puede entender que algo que casi no se utiliza”, como es el gas, esté marcando los precios. Al respecto, ha reconocido que tuvo su “razón de ser” para activar las renovables pero en este momento “no tiene sentido”.
Por su parte, seguirán trabajando en la negociación colectiva a través de las cláusulas de revisión salarial para que no haya más pérdida de poder adquisitivo en la clase trabajadora, pero insiste en que en estos momento “la pelota la tiene el Gobierno”.
Por este motivo, el sindicato seguirá “presionando”, desde la concertación y el diálogo como hasta ahora, pero sin descartar la movilización. “Estamos dispuestos a salir a la calle para reivindicar lo que consideramos justo”, ha señalado.
BLINDAR EL PODER ADQUISITIVO
Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, acompañada por el diputado Joaquín Macías, se ha mostrado “muy preocupada” por la evolución de la guerra y en cómo puede traducirse en la pérdida de poder adquisitivo de las clases trabajadoras.
Por ello, “hay que blindar el poder adquisitivo” de trabajadores y pensionistas, ha dicho De Miguel, quien apuesta asimismo por una “reforma fiscal de emergencia, para que las eléctricas que han cuatriplicado sus beneficios aporten más a hucha común”.
Una reforma que permita que estos “beneficios caídos del cielo vayan directamente a bajar la factura de las familias de este país”, ha señalado la dirigente de la coalición extremeña, quien propone también la puesta en marcha de ayudas directas a autónomos y pymes afectados por la crisis.
En definitiva, “medidas de emergencia y urgentes” para que esta crisis provocada por “una acción injustificada y criminal no recaiga en las espaldas de trabajadores, pensionistas, en definitiva, de la mayoría social” de la comunidad y el país.
Finalmente, ha subrayado que la solidaridad, que es “la base de un país justo y democrático”, implique también a las grandes empresas y a las “familias más pudientes”, que han de entender que “tienen que aportar más a la hucha común”.
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