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La Mancomunidad del Campo Arañuelo rechaza la demolición de Valdecañas e insta a la Junta a recurrir la sentencia del TS

MÉRIDA, 11 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios del Campo Arañuelo rechaza la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a la demolición del complejo ‘Marina Isla de Valdecañas’ en la provincia de Cáceres, e insta a la Junta de Extremadura la Junta de Extremadura para que recurra el fallo ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esta entidad ha señalado este viernes en nota de prensa que el complejo “ha supuesto que en los municipios de El Gordo y Berrocalejo, con 360 y 97 habitantes respectivamente, se haya pasado de 16 empresas/autónomos con 81 trabajadores en total en 2009, a 24 empresas/autónomos que ocupan a 241 trabajadores en 2021”, por lo que la demolición de lo ya construido “supondría un grave perjuicio social y económico no solo para El Gordo y Berrocalejo, que son los municipios entre los que se ubica el complejo, sino también para toda la Comarca del Campo Arañuelo”.

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El coste de la demolición, ha insistido, se estima en 145 millones de euros, de los que 34 millones corresponden al derribo y 111 millones por posibles indemnizaciones a los propietarios de las viviendas.

Extremadura tiene una superficie de más de 4 millones de hectáreas, de las que más del 30 por ciento de la superficie de se halla bajo algún tipo de protección ambiental, lo que supone una importante limitación para el desarrollo socioeconómico de la región, siendo la zona del embalse de Valdecañas producto de un embalse artificial, “y existen estudios en los que se concluye que la construcción del complejo ‘Marina Isla de Valdecañas’ no ha supuesto ningún daño ambiental ni perjuicio para la presencia de aves con respecto a la situación previa, sino que en algunos aspectos se ha mejorado”.

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La asamblea general de la Mancomunidad de Municipios del Campo Arañuelo, que agrupa a 22 municipios y que representa a más de 20.000 habitantes, ha pedido además a las administraciones competentes “que se revise la superficie incluida en la Red Natura 2000, de forma que se pueda compatibilizar la conservación de estos hábitats naturales con el desarrollo económico y social de la comarca”.


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