MÉRIDA, 4 (EUROPA PRESS)
La Junta de Extremadura rechaza la “confrontación territorial” en materia de financiación autonómica y defiende la solidaridad y el consenso para alcanzar un “nuevo modelo” que garantice la “igualdad”, y que permita además hacer frente a “desafíos” como la baja natalidad o el reto demográfico.
Para ello, aboga –llegado el momento del debate– por la dotación de ingresos suficientes que permitan prestar desde las competencias de la comunidad autónoma los servicios que los ciudadanos requieren.
De este modo lo ha defendido este viernes en rueda de prensa en Mérida la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, quien ha rechazado mantener un discurso sobre a qué comunidad puede beneficiar o perjudicar una nueva financiación, ya que de lo contrario “nunca habrá un nuevo modelo de financiación autonómica”.
“Como no salgamos del discurso a quién beneficia, a quién perjudica nunca habrá un nuevo modelo de financiación autonómica, entre otras cosas porque el modelo de financiación autonómica es la pieza del Estado del Bienestar, la garantía de igualdad de todos los españoles”, ha espetado Blanco-Morales, quien se ha mostrado “convencida” de que en el nuevo modelo de financiación autonómica “tenemos que ganar todos, porque ganarán todos los españoles”.
Así, ha subrayado que “Extremadura no quiere abundar en la confrontación territorial de valencianos, murcianos, madrileños o andaluces contra extremeños o contra el resto, porque el sistema de financiación autonómica también debe ser una herramienta para hacer frente a los desafíos que plantea la baja natalidad, el reto demográfico con políticas de gasto”, ha dicho, y tras lo cual ha añadido que para dar cumplimiento a estas políticas “hay que ir a los ingresos”.
De este modo, ha incidido la vicepresidenta primera en que desde los gobiernos autonómicos “estamos obligados a encontrar esos elementos donde es posible el consenso” en materia del sistema de financiación, porque éste “se orienta y tiene como único objetivo mantener el Estado de Bienestar, la solidaridad como pieza clave de la Constitución y el Estatuto de Autonomía” y “la igualdad prima por encima de todo”.
POBLACIÓN AJUSTADA
Así, en rueda de prensa este viernes en Mérida sobre la posición de Extremadura sobre el informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de población ajustada como elemento del sistema de financiación autonómica, Blanco-Morales ha dicho que no se trata de una “propuesta” ni de un “nuevo modelo de financiación autonómica” sino “ante un ejercicio de buen gobierno, de transparencia, de ir buscando los consensos en bases técnicas sobre los elementos cruciales” del sistema de financiación, y “faltan elementos claves para avanzar hacia ese nuevo modelo de financiación autonómica”.
De este modo, la Junta valora que se haya dado ese informe técnico que será, según ha subrayado, “soporte” para decisiones futuras sobre un elemento “importante” en la financiación autonómica como la población ajustada, y ha respondido con elementos “objetivos”.
DETERMINAR “EL CUÁNTO Y EL CÓMO”
Al respecto, Blanco-Morales ha incidido en que la población ajustada es un elemento que “sirve para decidir lo que cuesta prestar un servicio” fundamental y no fundamental, que es el “elemento clave” para Extremadura; y “tiene ese papel en orden a la definición del coste”, aunque para el Ejecutivo extremeño “falta el elemento principal que es el cuánto y el cómo”.
Así, ha afirmado que cuando se pongan a debatir el nuevo modelo de financiación autonómica hay que analizar “el para qué, qué servicios” se quieren prestar a los extremeños en Sanidad, Educación, Vivienda, infraestructura de todo tipo, “las competencias que ejerce la comunidad autónoma”.
En esta línea, ha recordado que el informe de expertos del Ministerio de Hacienda en la definición de cuánto cuesta prestar los servicios en función de la realidad de Extremadura distingue entre varios bloques, el de Sanidad, el de Educación, el de Servicios Sociales y el del resto de competencias.
Así, para Sanidad a diferencia de lo que hay ahora el coste en función de la población ajustada se divide en cinco tramos de edad, y los expertos proponen que sean 20 tramos de edad, lo que “se aproxima más a la realidad del gasto sanitario en función de las circunstancias de los beneficiarios”, y Extremadura está de acuerdo con esa metodología pero no está de acuerdo “con que esa sea la única referencia”.
En este punto, la región insta al Ministerio de Hacienda a que considere que “el gasto sanitario está muy condicionado por los usuarios reales del sistema, que en Extremadura es prácticamente del 100 por cien, porque el peso de la sanidad privada es muy escaso”, y esto está condicionado según defiende la comunidad también al “nivel de renta”.
EDUCACIÓN
A su vez, en el bloque de Educación una mejora que plantean los expertos para el cálculo de la población ajustada es considerar la población de 0 a 24 años dividida de 0 a 17 años y de 17 a 24 años, ha explicado Blanco-Morales, quien ha dicho que a Extremadura le parece “correcto” estos dos tramos aunque discrepa “profundamente” en cuanto al criterio que se elige para “contar cuántos, sobre todo en el segundo tramo”.
Porque –añade Blanco-Morales– el informe del ministerio habla sólo de formación universitaria y la situación actual del mercado, para la comunidad, “requiere incluir toda la formación superior, la Formación Profesional y por supuesto la universitaria”.
Además, cree Extremadura que el criterio para ese segundo tramo tiene que ser un criterio que “se aproxime a las necesidades de gasto también que hay que cumplir con recursos para dar una formación de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades hasta los 24 años y que tiene que tener en cuenta también las circunstancias de la educación en Extremadura con el mantenimiento de las escuelas y sobre todo con el compromiso con la Formación Profesional”
SERVICIOS SOCIALES
Al mismo tiempo, en cuanto a la definición en el informe del ministerio de los servicios sociales, Extremadura cree que los servicios éstos “se prestan a jóvenes, mayores, familias” y por tanto “el criterio no puede ser sólo el de la Dependencia”.
Con ello, Extremadura insiste ante el Ministerio de Hacienda en que hay que contemplar estos servicios de cara a la integración social de los colectivos vulnerables “con una perspectiva más amplia” y que el criterio para intervenir no puede ser el que se propone como es el de los parados sin prestaciones, sino que la comunidad cree que el índice Arope “puede ser más objetivo a la hora de definir las necesidades de gasto en función de los beneficiarios”.
TODAS LAS DEMÁS COMPETENCIAS
En cuanto a todos las demás competencias, el informe del ministerio se atiene al patrón de población, que Extremadura “matiza en muchos aspectos” en las variables correctivas, ha explicado Blanco-Morales.
“La gran aportación del informe de los expertos que es fruto de la insistencia de la Junta de Extremadura en la necesidad de que esas realidades cuenten a la hora de valorar cuánto cuesta prestar los servicios públicos es la irrupción de variables correctivas de naturaleza económica y no económica”, ha dicho, relativas a superficie, despoblación y dispersión.
Así, Extremadura insiste en que “no es lo mismo mantener los puntos de atención continuada por ejemplo en un territorio como Extremadura que cuando se tiene a la población más concentrada en núcleos urbanos”.
Además, la comunidad considera “acertado que se establezcan un mínimo de costes fijos para todas las administraciones”, e insiste en que entre las variables de naturaleza económica “este coste fijo tiene que ser acorde al conjunto de competencias que ejercemos las CCAA”.
- Te recomendamos -
