La Junta subraya su compromiso para acabar con la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños, y garantizar la protección y asistencia de las víctimas

La Junta de Extremadura, con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños que se celebra este jueves, ha expresado su firme compromiso en el desarrollo de políticas públicas que permitan erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y, por consiguiente, la abolición de la prostitución para asegurar la asistencia, recuperación y protección de las víctimas, y garantizar también el cumplimiento de los derechos humanos para lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

La trata de seres humanos representa una de las violaciones más flagrantes de los derechos fundamentales. Una manifestación de la situación de discriminación y desigualdad en la que se encuentran las mujeres en muchos países del mundo, en la mayoría de los casos invisibilizadas, constituyendo una patente expresión de la violencia de género. Esta forma de esclavitud del siglo XXI con fines de explotación sexual afecta, principalmente, a mujeres y niñas.

Según el Informe Global de Trata de Personas 2020, llevado a cabo por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la explotación sexual es la principal finalidad de la trata, en el 50 por ciento de los casos identificados, de las 50.000 víctimas registradas a nivel mundial, al tiempo que evidencia que la trata sigue teniendo como principales víctimas a las mujeres y las niñas, que representan el 65 por ciento de las víctimas identificadas.

Además, según este informe, el 92 por ciento de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, lo que denota la existencia de una irrefutable dimensión de género de la trata de seres humanos y la explotación sexual.

Según datos aportados por la ONU, España encabeza la lista de los países de la Unión Europea con un 39 por ciento de los hombres que han acudido a la prostitución al menos una vez en su vida, frente al resto de países europeos que se sitúan cerca del 19 por ciento. Además, en España, el 90% de las mujeres que se dedican a la prostitución son pobres.

Estas cifras evidencian que el sistema prostitucional convive de manera oculta y clandestina en todo el contexto de la Unión Europea, a pesar de los avances legislativos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en países como España.

En cuanto a Extremadura, según datos ofrecidos por APRAMP, el 78,94% de personas atendidas en su Centro de Acogida son extranjeras, principalmente procedentes de Brasil y República Dominicana. Sólo un 21,05% son españolas.

Por otro lado, la ONGD Mujeres en Zonas de Conflicto ha atendido en lo que llevamos de año a 204 mujeres en contextos de prostitución en Extremadura, de las que 15 eran víctimas o presuntas víctimas de trata con fines de explotación sexual.

En este contexto, la Junta de Extremadura continúa trabajando, en alineación con otras Administraciones y entidades privadas, en estrategias que permitan poner fin a la prostitución y a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y garantizar la promoción y protección de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas.

RED PÚBLICA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Extremadura cuenta a día de hoy con un Protocolo contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual para garantizar la atención integral a mujeres víctimas de trata y explotación sexual y en contextos de prostitución.

Asimismo, el Ejecutivo regional trabaja en el desarrollo de medidas dirigidas a mujeres víctimas de la trata y de la prostitución, junto a organizaciones y entidades privadas, a través de la comisión técnica puesta en marcha por el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) el pasado año 2020, de manera que permita desarrollar un Plan de Recuperación Integral para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas.

Todo ello, contribuirá al refuerzo y fortalecimiento de la red pública de igualdad y violencia de género de Extremadura, que incluye, a su vez, dispositivos públicos de emergencia y de atención especializada dirigidos a las víctimas.