El Tribunal Supremo admite el recurso de casación de Ecologistas en Acción en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que declaró la imposibilidad de demoler Marina Isla de Valdecañas.· La organización ecologista pretende evitar que se utilicen argucias para no ejecutar sentencias de demolición de obras nítidamente contrarias a la legislación urbanística y ambiental.
Hace ya trece años que Ecologistas en Acción inició un proceso administrativo y judicial en contra de una urbanización, Marina Isla de Valdecañas, que se diseñó en plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable.
Resulta difícil encontrar un caso tan rotundo de vulneración de la legislación ambiental y urbanística como este: varias sentencias en contra del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), del Supremo y del Constitucional, con informes del CSIC que avalaban la necesidad de demoler esta urbanización ilegal, etc. Por eso, resultó tan sorprendente el auto del TSJEx de 30 de junio de 2020 en el que se declaraba la imposibilidad material de demoler los edificios ya terminados, limitándose a eliminar los que estaban a medio construir.
Para Ecologistas en Acción, con aquel auto se sentaba un peligroso precedente: ante vulneraciones palmarias de la legislación urbanística y ambiental, la política de hechos consumados tiraría por tierra toda la normativa de urbanística y de espacios protegidos, como la Red Natura 2000. Efectivamente, los mismos razonamientos del TSJEx serían aplicables a muchas obras ilegales, declarándose luego imposible su demolición por el impacto socioeconómico que pudiera provocar. Carta blanca para construir de forma ilegal.
Por eso, la organización ecologista decidió recurrir en casación este auto ante el Tribunal Supremo y considera muy importante que haya sido admitida en este auto, fechado en 6 de mayo y comunicado ahora. Espera que en esta instancia judicial se haga prevalecer el cumplimiento de la ley, el interés general de la ciudadanía y el respeto al medio ambiente.
Por último, Ecologistas en Acción quiere enfatizar que todo este largo proceso judicial y todos los gastos que va a acarrear se podrían haber evitado si el TSJEx hubiera decretado la paralización cautelar de las obras, apenas iniciadas en 2012 cuando dicó su primera sentencia en contra de Marina de Valdecañas. Sin embargo, en lugar de proceder de ese modo, condicionó la paralización a que las organizaciones ecologistas demandantes (Adenex y Ecologistas en Acción) depositaran una fianza de 41 millones de euros, algo disparatadamente fuera de su alcance.
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