En el mismo, se recogen las bases esenciales del sistema actual en lo referido al cálculo de las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas, que se constituirán a partir del análisis de los factores poblacionales determinantes de cada región.
El documento analiza indicadores básicos definidos en cuatro grandes bloques competenciales: sanidad, educación, servicios sociales y el resto de servicios públicos.
El cálculo de las necesidades incluirá, además, la incidencia sobre una serie de variables, unas de ámbito demográfico – con atención a la dispersión, el envejecimiento, la despoblación o la población protegida- y otras de índole económica – en función de los niveles de renta y de precios, así como la posible existencia de costes fijos o de economías de escala.
El informe inicial será estudiado con detenimiento y profundidad, dada la extensión y complejidad del documento técnico enviado por el Ministerio de Hacienda, y sobre el que las autonomías pueden realizar aportaciones hasta el próximo mes de enero.
Para este fin, y como es habitual en la Comunidad desde que se inició el debate sobre esta materia, la Junta de Extremadura reitera su compromiso con el consenso y el diálogo con los grupos parlamentarios para analizar el documento y defender la postura más beneficiosa para los extremeños.
POSTURA EXTREMEÑA
Extremadura defiende que el nuevo sistema valore el coste de los servicios públicos que las Comunidades Autónomas prestan a sus ciudadanos y que dote de los recursos para prestarlo.
Asimismo, debe asegurar el papel del Estado como garante de los principios de igualdad, equidad y suficiencia, ya que son los ciudadanos, y no los territorios los sujetos pasivos de los tributos y los beneficiarios de los servicios públicos.
El sistema de financiación debe postular la equidad y la solidaridad frente a la ordinalidad, y asegurar el equilibrio entre lo que necesitan y pueden aportar los ciudadanos de las distintas regiones de España.
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