El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Innovación y Talento y su primera convocatoria, con un presupuesto de 9.144.000 euros y una financiación del 80 por ciento con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.
Se prevé que de esta convocatoria se puedan beneficiar un total de 300 jóvenes, de ellos, 216 con titulación universitaria (el 72 %) y 84 con titulación de ciclo formativo de grado medio o superior (el 28 %).
Este programa tiene un carácter experimental e innovador que persigue mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas desempleadas tituladas universitarias o de ciclos formativos de grado medio o superior mediante actuaciones integradas de formación y empleo, especialmente vinculadas al cambio de modelo productivo.
Las nuevas bases reguladoras del programa introducen novedades como la ampliación de la duración de los proyectos a doce meses y con 350 horas de formación, el aumento de la red de centros de formación y la introducción de un criterio de reparto de las subvenciones en cada convocatoria dirigidas a participantes con titulación universitaria o ciclos formativos de grado medio o superior.
También la actualización del módulo de la subvención en concepto de costes salariales de participantes y de cuotas a cargo de empleador correspondientes a la Seguridad Social, la forma de justificar la subvención, la implantación de un sistema informático habilitado para el seguimiento formativo y el sistema de pago a las empresas y entidades beneficiarias para financiar adecuadamente los proyectos subvencionados.
FLEXIBILIZACIÓN DE MEDIDAS RESTRICTIVAS
En relación con las medidas de contención de la pandemia de Covid-19, el Ejecutivo ha autorizado la ampliación del horario de cierre de los establecimientos de hostelería, restauración y asimilados hasta las 3:00 horas, siempre que su licencia se lo permita, así como el consumo en barra en esos establecimientos.
En todo caso, se deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal entre personas o grupo de personas, y, en el supuesto de celebraciones y/o eventos en los que haya barra libre, ésta será asistida.
Estas medidas tendrán una duración de 28 días, es decir, dos períodos ordinarios de incubación de la Covid-19, de manera que se pueda evaluar su impacto y sin perjuicio de que pudiera ser prorrogada, modulada total o parcialmente o alzada si se estima pertinente, de conformidad con los indicadores y parámetros analizados para valorar el riesgo por COVID-19.
Este acuerdo se justifica por la tendencia a la estabilización de la incidencia acumulada en toda la Comunidad Autónoma, así como de los indicadores de tendencia.
DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL
El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza para establecer un marco normativo, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre el reparto competencial en materia de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como el desarrollo de criterios técnicos en materia de ordenación territorial.
De acuerdo con lo establecido en el convenio, la Junta de Extremadura aportará 82.885 euros para el desarrollo de los trabajos, que llevará a cabo el Grupo Universitario de Investigación Analítica de Riesgos (GUIAR) del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza.
Las actividades de este grupo se centran en aspectos relacionados con el riesgo tecnológico de instalaciones industriales y sus implicaciones ambientales por riesgo químico, estando oficialmente reconocido como Grupo Consolidado de Investigación a nivel autonómico.
A pesar de la extensa actualización y el desarrollo normativo que se han realizado en el ámbito de los accidentes graves y la protección civil, tanto a nivel estatal como autonómico, éstos no ha tenido reflejo, por lo que respeta a Extremadura, en el reparto competencial que en su momento se realizó por medio del decreto 7/1989, de 14 de marzo, entre las consejerías de Presidencia y Trabajo y de Agricultura, Industria y Comercio.
Por ello resulta necesario llevar a cabo una nueva distribución, adaptada a la estructura orgánica actual de la administración regional, y que refleje el contexto socio-económico del tejido empresarial e industrial de la Comunidad Autónoma.
RELEVO EN LA COMISIÓN JURÍDICA
Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se dispone el cese y el nombramiento del presidente y de los vocales de la Comisión Jurídica de Extremadura.
El Reglamento de dicho órgano establece que sus integrantes serán nombrados mediante decreto del Consejo de Gobierno por un plazo de cinco años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez por el mismo periodo, sin que en ningún caso se pueda superar el límite de los 10 años.
La Comisión Jurídica de Extremadura es un órgano colegiado, creado por la disposición adicional primera de la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo de Extremadura, al que sustituye en sus funciones.
La Ley de creación le atribuye una doble naturaleza. Por una parte, como órgano consultivo, ejerciendo sus funciones respecto de la actividad de la Administración de la Junta de Extremadura, sus organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes, las entidades locales y las universidades públicas de la Comunidad Autónoma.
Y, por otro lado, como órgano de conocimiento de los recursos especiales en materia de contratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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