La directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Eulalia Moreno, ha presentado a los alcaldes de la zona del Embalse de Alqueva los trabajos de Adaptación del Plan Territorial de la zona a la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS).
En el encuentro telemático se ha expuesto a las alcaldías de Alconchel, Cheles, Táliga, Olivenza y Villanueva del Fresno detalles referidos a ambas normativas, coincidiendo hoy miércoles con la publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) del decreto que aprueba definitivamente la segunda modificación del Plan Territorial de dicho entorno.
La Junta también publica hoy, día 9 de junio, el decreto que permite la aprobación definitiva de la segunda modificación del Plan Territorial de la Vera, cuyo ámbito geográfico queda delimitado a las poblaciones de Aldeanueva, Arroyomolinos, Collado, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Gargüera, Guijo de Santa Bárbara, Jaraíz, Jarandilla, Losar, Madrigal, Pasarón, Robledillo, Talaveruela, Tejada de Tiétar, Torremenga, Valverde y Viandar de la Vera.
ACTIVIDADES DE ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR
En la reunión de hoy, la directora de Urbanismo y su equipo han expuesto la oportunidad que este plan supone para el área de Alqueva en relación a proyectar nuevos asentamientos de uso residencial autónomo o productivo en suelo rústico; la adaptación a la nueva terminología respecto a los usos en rústico, clases y régimen de suelo; la disminución de la parcela mínima y definición de núcleos de población, así como la identificación del sistema de asentamientos productivos basados en la economía verde y circular.
Además, han recordado los criterios de ordenación sostenible incorporados a la LOTUS en áreas de movilidad y accesibilidad, eficiencia energética, perspectiva de género, así como indicadores de sostenibilidad cuyos estándares deben fijarse en los planes territoriales.
También han indicado que los ayuntamientos que no dispongan de planes generales municipales estructurales están a tiempo de hacerlo antes de finalizar la legislatura. La comisión de coordinación intersectorial analizará los expedientes que lleguen en un plazo no superior a los tres meses.
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