La Dirección General de Industria, Energía y Minas ha denegado el permiso de investigación denominado Valdeflórez, por considerar que las actividades de investigación que se pretendían llevar a cabo en las dos cuadrículas mineras que abarca este permiso consisten esencialmente en sondeos mecánicos y calicatas que están expresamente prohibidas por el Plan General Municipal de Cáceres, al realizarse en suelos no urbanizables protegidos con limitación de usos.
Dado que esta especial protección impide la realización de actividades extractivas tal y como las considera el Ayuntamiento cacereño, la Junta de Extremadura atiende las alegaciones municipales presentadas y resuelve que no puede otorgar un permiso de investigación que no va a poder cumplir con la finalidad que le encomienda la Ley de Minas, que no es otra que determinar fehacientemente la existencia de recursos minerales.
Como ha expresado la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, en su comparecencia de este jueves en la Asamblea de Extremadura, “no se puede otorgar un permiso de investigación que consiste básicamente en hacer calicatas y sondeos cuando en el terreno afectado está prohibido hacerlos, como explícitamente establecen los informes técnicos del Ayuntamiento. Hacer lo contrario, sería, a todas luces, ilógico e irregular”.
Los sondeos suponen un componente determinante de la naturaleza de los permisos de investigación y conllevan la necesaria alteración del suelo sobre el que se practican y son “altamente impactantes”, como los definen los informes técnicos del Ayuntamiento cacereño. Además, como ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en una reciente sentencia, un permiso de investigación sin sondeos pierde su identidad, ya que los mismos son consustanciales en su naturaleza.
Por todo ello, esta resolución es concordante con el Plan General Municipal de Cáceres, con la doctrina del TSJEx y mantiene la unidad de criterio con el permiso de investigación ya otorgado “Ampliación a Valdeflórez”.
La consejera ha abogado por armonizar, por un lado, los intereses mineros con el resto de intereses generales y, por otro, las competencias autonómicas con las locales.
Aunque esta resolución es relevante, el procedimiento sobre estos derechos mineros está lejos de concluir de acuerdo con la normativa vigente. El expediente administrativo sigue su curso, se abre un plazo para presentar recursos de alzada y, posteriormente, cabe recurso ante la justicia.
La Junta de Extremadura ha cumplido con su responsabilidad y ha resuelto este procedimiento administrativo con base en fundamentos y criterios legales y técnicos acreditados por la legislación y la jurisprudencia existentes. En la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad no se van a cerrar expedientes de manera discrecional y se va a seguir trabajando para ofrecer certezas legales a todas las partes afectadas.
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