MÉRIDA, 7 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha instado al Banco de España a supervisar que los bancos cumplen con su “responsabilidad” con respecto a garantizar que “todos los ciudadanos” tienen acceso a los servicios financieros básicos.
Una exigencia que ha trasladado también al Gobierno, a través del Ministerio de Consumo, como “competente en la materia”, en respuesta a una pregunta formulada ante el Pleno de la Asamblea por la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha reclamado “soluciones reales” y no “parches” al problema de la “exclusión financiera” especialmente en las zonas rurales.
En su respuesta, Blanco-Morales ha señalado que el Ejecutivo autonómico hace “todo lo que las leyes y su atribuciones le permiten”, así como brindará apoyo a quienes tienen competencia para hacerlo.
En esta línea, se ha referido a la recientemente aprobada Ley de medidas ante el reto demográfico y territorial en Extremadura, así como que mantiene “contacto” con diputaciones provinciales y ayuntamientos, así como asociaciones y colectivos, para “implantar soluciones que minimice los efectos” del cierre de oficinas bancarias en pequeños municipios.
La dirigente extremeña ha recordado, entre otras medidas, el acuerdo con Correos para implantar cajeros automáticos en municipios en los que no haya oficina bancaria.
Por último, ha instado al Gobierno, que es “competente en la materia”, y en concreto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, así como al Banco de España, en su papel de supervisor, a que “se cumplan con las responsabilidades de las entidades de “garantizar el acceso a todos los ciudadanos a los servicios financieros básicos”.
SOLUCIONES REALES
Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel, ha exigido este jueves al gobierno de Fernández Vara que “no acepte parches” ante el cierre de oficinas bancarias en la región que está “condenando a la exclusión financiera” a miles de extremeños.
La portavoz de la coalición de izquierdas ha instado a la consejera a que ponga en marcha “soluciones reales” para garantizar servicios “de verdad” y ayudar al impulso económico que merecen los autónomos y Pymes”.
De Miguel ha argumentado la urgencia de esas “soluciones reales” ante la política de reestructuración que están llevando a cabo las entidades financieras privadas, “que ya han demostrado que sus objetivos son meramente comerciales, que no tienen ninguna responsabilidad social ni que entre sus fines esté la cohesión territorial”.
De Miguel ha insistido en que estas decisiones empresariales de entidades como Unicaja, Caixabank, BBVA e Ibercaja, no están justificadas por motivos económicos, puesto que todas ellas han obtenido beneficios el último año.
Se trata, por tanto, de una política “indecente”, ya que, en el caso de Unicaja, con unos beneficios de 1.395 millones, 12 veces más que en 2020, su consejero delegado, Manuel Menéndez, ha tenido el “descaro”, ha dicho, de subirse el sueldo un 25 por ciento a la vez que anuncia un ERE y el cierre de oficinas.
Ante este problema, De Miguel ha insistido en que las propuestas anunciadas hasta ahora, como la instalación de cajeros automáticos, “no son efectivas”, porque van destinadas a una población “muy envejecida, con escasas habilidades digitales”.
Tampoco considera “útil ni efectivo” apostar por la figura del colaborador financiero, porque se trata de una solución “parcial” porque no se van a poder realizar “todas las operaciones que en una oficina bancaria se pueden realizar”.
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