El Ayuntamiento de Mérida continuará con la obra de las Concepcionistas al no haber “ninguna duda” sobre su propiedad

El empresario del único local que mantiene su actividad reclama 90.000 euros de indemnización mientras un perito lo cifra en 25.000 euros

MÉRIDA, 29 (EUROPA PRESS)

La portavoz del equipo de Gobierno y delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, ha reiterado que la obra de rehabilitación del convento de las Concepcionistas y su entorno continúa adelante al no haber “ningún genero de dudas” con respecto a que el consistorio tiene la propiedad de la totalidad de los terrenos e inmuebles de este espacio.

Una aclaración que la concejala ha ofrecido este martes en rueda de prensa tras una información en sentido contrario por parte de Unidas por Mérida, al referirse al conflicto que tiene abierto el consistorio con el empresario que ocupa el único de los locales comerciales del inmueble que continúa abierto, en este caso una peluquería.

Yáñez ha reiterado que el ayuntamiento es el propietario de la totalidad de los terrenos, como así figura en las escrituras firmadas ante notario, en el registro de la propiedad y en el inventario de bienes del propio consistorio.

Así, ha explicado que el propietario de la peluquería Willy, Manuel Romero, que se encuentra jubilado en un régimen mixto que combina con la propia actividad, tenía extinguido el contrato de arrendamiento en el momento de la firma de las escrituras de compraventa de los terrenos que mantenía con las monjas, propietarias del inmueble hasta que acordaron su venta en 2018 al ayuntamiento por 847.000 euros, un precio “muy por debajo” del mercado para unos terrenos de casi 3.000 metros cuadrados en pleno centro de la ciudad.

Este extremo ha sido confirmado a Europa Press por el propio empresario, quien asimismo ha reconocido, como ha dado a conocer Yáñez, que sigue pagando una renta de 110 euros mensuales, como así se le permitió en el momento de la firma de las escrituras hasta el inicio de la obra.

RECLAMA 90.000 EUROS

Sin embargo, y aquí es donde viene el conflicto entre ambas partes, el empresario reclama una indemnización en concepto de lucro cesante de casi 90.000 euros, cantidad muy superior a los algo más de 25.000 euros en los que se ha cifrado por parte de un perito externo al consistorio, cantidad ya ofrecida y rechazada por el peluquero, según Yáñez, quien ha advertido que el ayuntamiento no pagará “ni un céntimo más” de lo que le corresponde.

Este conflicto se encuentra actualmente pendiente de la resolución del Tribunal de Valoración de la Junta de Extremadura, que determinará la cantidad a abonar en concepto de indemnización, que sería vinculante. No obstante, cualquiera de las partes podría posteriormente acudir a la vía contenciosa, lo cual alargaría su resolución.

En cualquier caso, ha advertido Yáñez, nada de esto impedirá a la empresa adjudicataria del contrato iniciar la obra en cuanto se firmen las actas de replanteo en los próximos días, de modo que podrá comenzar la demolición de las dependencias previstas antes incluso de que el empresario abandone el local, siempre y cuando estos trabajos no afecten a sus dependencias. Actualmente se trabaja ya en trámites previos como el plan de salud y seguridad.

CRÍTICAS A UNIDAS POR MÉRIDA

Asimismo, ha criticado las “informaciones sesgadas interesadamente” por parte del concejal de Unidas por Mérida, Álvaro Vázquez, a quien ha replicado que el ayuntamiento ha actuado en este proyecto cumpliendo la legalidad, atendiendo a “todos los informes preceptivos”, y siguiendo las indicaciones de los técnicos del propio consistorio, así como las resoluciones del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.

Al respecto, ha reiterado nuevamente que las actuaciones previstas en cuanto a las excavaciones arqueológicas también cumplen con el plan general de ordenación urbana de la ciudad, asunto que también fue motivo de crítica por parte de Unidas por Mérida días atrás.

Con todo, la concejala ha advertido de que el equipo de Gobierno local no va a permitir que “nadie extorsione” al ayuntamiento, ni que “ningún grupo político defienda los intereses de ningún particular que no tiene derecho sobre la cantidad” que les exige, ni tampoco “engañar a sus ciudadanos con patrañas”.

Por último, ha desvelado que el ayuntamiento ha dirigido una reclamación al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, así como a la Dirección General de Función Pública de la Junta de Extremadura, al considerar que el abogado del empresario incurre en un caso de incompatibilidad, pues además de ejercer su actividad como jurista de este particular es trabajador de consorcio.

Una defensa “contraria a la ley”, ya que no se ajusta a la compatibilidad aprobada por su administración para poder ejercer fuera de su actividad como trabajador del Consorcio, y que va “contra los intereses de la ciudad de Mérida y de sus vecinos y vecinas”, y para lo cual utiliza “información privilegiada que obtiene por su condición de trabajador del consorcio”, ha dicho Yáñez.

No obstante, tanto el empresario como el propio abogado, con el que ha contactado Europa Press, han expresado que este último dejó de llevar la defensa de Romero para evitar precisamente esta situación, de modo que actualmente ejerce como tal otro compañero de profesión.