MÉRIDA, 24 (EUROPA PRESS)
El futuro Plan de Vivienda contempla la modificación de la actual legislación autonómica para crear un fondo de garantía que ayude principalmente a jóvenes con escasa capacidad de ahorro al acceso a los préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda.
Esta es una de las medidas que contempla un plan sobre el que la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha informado este jueves en una comparecencia a petición propia en la Asamblea de Extremadura.
Un plan que se marca como principales objetivos garantizar la vivienda como derecho fundamental y procurar su “función social” para ofrecer así seguridad a la ciudadanía.
Medidas que persiguen como fin último convertir la vivienda en el “quinto pilar del Estado del Bienestar”, según ha subrayado la consejera, quien ha destacado la participación de numerosos colectivos, asociaciones, entidades públicas y privadas y partidos políticos en su elaboración.
Una participación que se ha puesto de largo esta misma semana con la celebración de una jornada de presentación este pasado martes en Cáceres.
En la Asamblea, ante los representantes políticos de la comunidad, ha expresado su deseo de que el plan cuente con el acuerdo del conjunto de los grupos, y en caso de que no sea así, al menos que haya “un buen entendimiento”. En esta línea, ha agradecido las aportaciones de todos los grupos “sin excepción”, incluido el PP, que no ha hecho uso de su turno de palabra en el debate.
Un plan que, como ya se había avanzado, cuenta con seis retos principales, nueve objetivos generales y una treintena de objetivos específicos.
FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA
Entre sus principales medidas, y para garantizar la función social de la vivienda, ha avanzado que se propondrá la modificación de Ley 11/19 de Promoción y Acceso a Vivienda de Extremadura, para crear un fondo de garantías para adquisición de vivienda que “permita avalar la parte del préstamo de la vivienda habitual para quien no tenga acceso al crédito, especialmente jóvenes con menos capacidad de ahorro”.
Asimismo, se establecerán garantías para el uso habitacional de la vivienda, con el fin de evitar episodios puntuales de hacinamiento como los que se producían años atrás en algunas localidades con la llegada de temporeros para trabajar en las campañas agrícolas.
Otra de sus funciones será la protección de infancia, de modo que los menores “en ningún caso puedan ser desalojados sin un mecanismo de protección”.
VIVIENDA PROTEGIDA DE ALQUILER
Además, se marca como referencia para la adquisición de una vivienda destinar a este fin menos del 30% de los ingresos de la unidad familiar, algo que considera que se cumple en términos generales en la comunidad, pero no siempre. Para dar respuesta a estos colectivos, se incrementará el parque de vivienda disponible, creando una nueva tipología que supera a las tradicionales VPP y VPO.
En concreto, la “vivienda protegida de alquiler asequible pública y privada”, una nueva tipología para la cual ya han ofrecido terrenos algunas de las principales ciudades de la comunidad. En un primer momento, se prevé la inversión de 17 millones de euros para iniciar la promoción de 350 viviendas.
Por otro lado, cumple con los acuerdos de la recientemente aprobada Ley de Reto Demográfico, mediante las ayudas a la compra para jóvenes en los municipios de menos de 10.000, quienes también tendrán acceso al Bono Joven del Gobierno.
El plan pretende dar un especial protagonismo tanto a la rehabilitación de vivienda como a la rehabitación de los cascos urbanos.
ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS VACÍAS
El gobierno regional quiere poner fin a una situación en la que hay “gente sin casa y casas sin gente”, para la cual se pretende “recuperar las viviendas vacías”, ante las cuales defiende que la administración debe tener “capacidad de actuar” para que estas puedan “cumplir su función social”.
De este modo, y con la ayuda de los ayuntamientos, se establecerá un censo de viviendas vacías, y la posibilidad de “gravar el incumplimiento” de dicha “función social”, así como contempla la aplicación de impuestos a los “grandes tenedores”, para lo cual también será necesario modificar la ley de vivienda extremeña de 2019.
Por otro lado, y en respuesta al papel de la vivienda ante el reto climático, se prevé la “mayor inversión en eficiencia energética” de la historia, para lo cual se empezará a actuar en un parque de 4.500 viviendas que tendrán acceso a ayudas que ya están a disposición de la ciudadanía. GRUPOS POLÍTICOS
Tras escuchar las explicaciones de la consejera, los grupos parlamentarios ha expuesto sus argumentos, salvo el PP, que ha renunciado a su turno de palabra. Así, el diputado de Cs Joaquín Prieto, ha recriminado a la consejera que les haya invitado a una “ficticia participación”, pues “en ningún momento” ha vislumbrado “un ápice de consenso”.
Además, ha señalado que en Extremadura no detecta “grandes problemas” por falta de vivienda, en tanto que el mercado inmobiliario en la región no está sometido a las tensiones que sí hay en otras zonas del país. “No hay un problema real de precios”, ha dicho, como demuestra que la propia consejera reconozca que la mayoría destina menos del 30% de sus ingresos a este fin.
El problema que hay en Extremadura es que “la gente no tiene ingresos” por “falta de trabajo” para poder vivir en la región, y en este sentido ha defendido que el mejor plan de vivienda es “acabar con los obstáculos para desarrollar un proyecto de vida” en Extremadura.
“Los jóvenes necesitan un empleo, oportunidades, como las que se van. Como la fábrica de baterías o la azucarera, o Valdecañas que ahora les obligan a demoler por hacer mal las cosas”, ha subrayado.
Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, espera que este plan sirva para reconocer los “errores del pasado y enderezar el rumbo” de las políticas de vivienda, que se encuentran en el centro del debate público gracias a la labor de los movimientos sociales.
De Miguel apuesta por incrementar el parque público de vivienda, al mismo tiempo que en cambiar su imagen y concepto, sustituyendo las grandes promociones en periferia por la rehabilitación de lo ya construido.
Comparte asimismo que los jóvenes deben ser la prioridad de un plan dadas las dificultades que tienen para emanciparse, y en este sentido aprueba las medidas de adquisición de viviendas vacías y los impuestos a los grandes tenedores.
También apuesta por las políticas de vivienda para hacer frente a la crisis climática y para dar respuesta al reto demográfico y para poner fin al “vaciamiento” que sufren los centros urbanos de las ciudades.
Finalmente, la diputada socialista Teresa Nuria García Ramos ha subrayado la apuesta por el fortalecimiento de la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar, y ha dicho que la recientemente aprobada Ley de Vivienda del Gobierno, junto a otras, sentarán las bases del trabajo que se llevará a cabo en todo el país en colaboración con las comunidades autónomas.
La diputada socialista ha reconocido también que en Extremadura no hay una “importante presión” en el mercado inmobiliario, si bien “no todo el mundo puede disfrutar de una vivienda”, motivo por el que aplaude la creación de un censo de viviendas vacías, que estima en unas 100.000 en la comunidad autónoma, y gravar aquellas que no cumplan con la “función social”.
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