CÁCERES, 24 (EUROPA PRESS)
El Pleno de la Diputación de Cáceres ha aprobado en su sesión de este jueves una declaración institucional por unanimidad de los tres grupos con representación (PSOE, PP y Ciudadanos) para instar a la Junta de Extremadura a recurrir al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la sentencia del Tribunal Supremo en la que se ordena la demolición total del complejo ‘Marina Isla de Valdecañas’.
Además, solicita que se plantee a las administraciones competentes la revisión de los terrenos incluidos en la Red Natura 2000, “para hacer compatibles la conservación de estos hábitats naturales con el desarrollo económico y social de estos territorios”.
En el texto de la declaración institucional se recuerda que el Complejo Turístico y Paisajístico ‘Marina Isla de Valdecañas’, que se encuentra ubicado en la provincia de Cáceres entre los municipios de El Gordo y Berrocalejo, nace tras la aprobación por parte de la Junta de Extremadura como Proyecto de Interés Regional (PIR) en el año 2007.
Los terrenos sobre los que ha sido construido el complejo ‘Marina Isla de Valdecañas’ se encontraban en situación de “total abandono tras la construcción del embalse de Valdecañas, llenos de maleza y suciedad”, por lo que la construcción de este complejo “ha supuesto una posibilidad de desarrollo tanto para los municipios en los que se encuentra enclavado, como para la comarca del Campo Arañuelo y poblaciones colindantes”.
Los diputados provinciales cree que su existencia ha supuesto un importante revulsivo que ha conseguido el aumento de la población en localidades como El Gordo, donde a principios del año 2000 había apenas 270 vecinos y ahora alcanzan la cifra de 382, “generando unas expectativas laborales y económicas que desaparecerían en el caso de que se procediera a la demolición de lo ejecutado”.
No obstante, “a pesar del incuestionable beneficio que el complejo ‘Marina Isla de Valdecañas’ ha supuesto para la comarca, sobre él pesaba la inseguridad de los múltiples procedimientos iniciados para su demolición”, recuerda el texto de la declaración.
Una batalla judicial que parecía haber finalizado tras la publicación del auto de 21 de septiembre de 2020 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), por el que se acordaba demoler aquello que se encontrara en fase de ejecución, manteniendo lo ya construido y llevando a cabo una serie de medidas correctoras relacionadas con el medio ambiente, la flora y la fauna.
Pero el auto dictado por el TSJEx, que fue asumido como una solución y parecía satisfacer a todas las partes, fue recurrido en Casación por la Asociación Ecologistas en Acción, obteniendo una sentencia que ordena el derribo total de todo el complejo.
“Si lo que se persigue es la protección de un hábitat natural y hacerlo compatible con el desarrollo económico y social de la población allí asentada, la sentencia supondrá no sólo un perjuicio económico en toda la provincia de Cáceres, sino también medioambiental, ante la imposibilidad material de la total reposición y de evitar la huella ecológica que supondrían los residuos generados”, añade el texto.
Cabe recordar que la zona del embalse de Valdecañas es producto de un embalse artificial, lo que debe llevar a analizar la catalogación, en su día, del espacio como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), “estudiando si se cumplían criterios científicos de rareza, singularidad, excepcionalidad y vulnerabilidad, profundizando, además, en la mejora sustancial del hábitat natural desde que existe el complejo turístico”.
Por todo ello, la Diputación de Cáceres cree que “ha llegado la hora de plantear a las administraciones correspondientes, la revisión de los terrenos incluidos en la Red Natura 2000, pues situaciones como esta pueden ser motivo de duda para futuros inversores interesados en la región”.
La declaración institucional advierte de dos aspectos importantes que se derivarían de la ejecución de la sentencia en sus estrictos términos, uno en el plano personal, que afectaría a todos aquellos trabajadores y sus familias que han organizado sus vidas y la de sus hijos alrededor de un puesto de trabajo que puede desaparecer de la noche a la mañana y que se verían obligados a hacer las maletas para irse a otros lugares.
El otro aspecto es el material, que supondrá hacer frente al altísimo coste económico ocasionado por el derribo del complejo, cuantificado en más de 150 millones de euros, lo que causaría “un gran quebranto no solo a las arcas de la Comunidad Autónoma sino también a todos los extremeños”.
“Es importante para el futuro de la región, pero, sobre todo, para la autoestima y llegados a este punto nos tenemos que poner serios porque, aun respetando la sentencia de los tribunales, lo que sí tenemos es que seguir apostando desde esta institución por dar oportunidades, por impulsar un proyecto de vida para todo el que quiera quedarse a vivir en su tierra, que pueda hacerlo con este y con otros muchos proyectos”, ha destacado el portavoz de la institución provincial, Álvaro Sánchez Cotrina, en la rueda de prensa previa al pleno.
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