Afirma que la sentencia del Supremo “ignora” la “mejora palmaria” del medio ambiente que se ha producido en la zona
MÉRIDA, 16 (EUROPA PRESS)
La Abogacía General de la Junta de Extremadura trabaja ya para la formulación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional sobre la sentencia relativa a la demolición completa del complejo Marina Isla de Valdecañas dictada por el Tribunal Supremo.
Además, el Ejecutivo regional no descarta acudir a otras instancias europeas si fuera necesario, en función de los resultados judiciales que se vayan obteniendo, según ha explicado en rueda de prensa este miércoles en Mérida la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien ha apuntado que la Junta “va a agotar todas las vías de recurso” en defensa del “interés general”.
“No hemos descartado nunca si fuera necesario recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o si la prejudicialidad lo justificara en su caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, ha reseñado la vicepresidenta primera, quien ha insistido en el “máximo respeto” y acatamiento “sin reservas” de la Junta por el fallo del Supremo pero entiende que tras leer “con detenimiento” el fallo del Supremo “existen fundadísimos motivos para recurrir en casación”.
“El estado de derecho social y democrático no se limita al poder judicial” sino que “el legislativo y el ejecutivo” también “tiene potestades que han de ejercer de acuerdo con la Constitución y las leyes”, ha dicho Blanco-morales, quien ha incidido en que la estrategia judicial de la Junta, que 24 horas después de haber conocido la sentencia “todavía no está perfilada”, estará orientada “como siempre en la defensa de los intereses generales”.
Así, ha avanzado que la posición de la Junta de Extremadura en su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional “se sustentará en la prevalencia del derecho a la tutela judicial efectiva como pilar fundamental del estado de derecho, que consagra la Constitución y que completan los tratados internacionales de los que es parte España”.
Tras indicar que en este momento se están perfilando cuáles serán los elementos jurídicos procesales del recurso, ha explicado en todo caso que la tutela judicial efectiva que consagra artículo 24 de la Constitución Española y que debe interpretarse y aplicarse por el poder judicial, ejecutivo y legislativo de acuerdo con los tratados internacionales, en esta situación tras la lectura de la sentencia del Tribunal Supremo “obliga” a la Administración extremeña a pedir una “aclaración en derecho”.
“MEJORA PALMARIA” DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA
Esa aclaración en derecho, según ha indicado Blanco-Morales, es “necesaria” porque “en algún momento alguien en este caso el Tribunal Constitucional tendrá que explicar por qué para restablecer la legalidad urbanística que se entiende cumplida y se fundamenta en motivos medioambientales ha de hacerse produciendo un mayor daño ambiental que el que se pretende proteger”.
De este modo, la Junta de Extremadura “respetuosamente discrepa, y así lo justificará ante el Tribunal Constitucional, de la solución que ha dado el juzgador del Tribunal Supremo”, porque “las sentencias además de aplicar la legalidad estricta deben de ser efectivas, no pueden ser contraproducentes, no pueden desconocer el bien jurídico que pretenden salvaguardar, en este caso la protección del medio ambiente”.
“La sentencia del Tribunal Supremo desconoce, ignora, desprecia me atrevería a decir la mejora palmaria del medio ambiente que se ha producido en la zona, una zona que existe, está, es y podrá ser gracias a la intervención del hombre”, ha espetado Blanco-Morales, quien ha añadido que “la Isla de Valdecañas no existía antes del embalse, así denominada es una creación de la actividad humana, una actividad humana que primero trajo riqueza con el embalse y que después con el complejo ha traído mayores posibilidades de desarrollo creando un entorno medioambiental mucho más rico que el que existía anteriormente”.
En este sentido, considera “cuando menos llamativo” que ninguna de las partes personadas “ha alegado en los múltiples litigios que este complejo ha generado que exista una norma medioambiental respecto de la situación que se ordena destruir para restituir a una situación anterior”.
AGOTAR TODAS LAS VÍAS
Por eso, la Junta de Extremadura, tal y como ya anunció el presidente Guillermo Fernández Vara, “va a agotar todas las vías de recurso”. “Por eso vamos en todo caso a transitar todas las opciones procesales nacionales e internacional que permitan encontrar una solución que concilie de manera justa y efectiva el restablecimiento de la legalidad urbanística con la mejora palmaria y significativa del medio ambiente en Valdecañas”.
“Es el interés general el que nos mueve y el que por otra parte nos impone la obligación de agotar todos los recursos que el Estado de Derecho habilita para que prevalezca una solución justa y efectiva que concilie todos los intereses legítimos en juego”, ha dicho.
Así, Blanco-Morales ha anunciado que por ello también instará la Junta las modificaciones normativas de la legislación estatal que entiende que “pueden ayudar a encontrar este punto de equilibrio”, recurrirá a las instancias europeas “para encontrar también soluciones que en definitiva permitan conciliar la lucha contra la despoblación y el reto demográfico con la preservación del medio ambiente, que es algo con lo que siempre hemos estado comprometidos”.
“Estamos ante un dilema constitucional, de tutela judicial efectiva, porque hay aspectos que la sentencia desconoce, ignora, que incluso a las partes recurrentes parece que no les interesa ni les motiva, y porque estamos defendiendo por encima de todo que es posible conciliar desarrollo económico, lucha contra el reto demográfico y protección del medio ambiente, pero ha de hacerse de manera justa y de manera efectiva”, ha concluido.
BENEFICIO DEL INTERÉS GENERAL
La vicepresidenta primera ha defendido también que el complejo Marina Isla de Valdecañas “como está concebido y diseñado y como se ha urbanizado permite además beneficiar al interés general de Extremadura” porque “nos sitúa con un recurso turístico y también residencial de gran valor medioambiental”.
Igualmente, ha apuntado que “hay plazo” para formular recurso ante el Tribunal Constitucional, y ha insistido en que la Abogacía General de la Junta ya está trabajando en el mismo, ya que una primera lectura de la sentencia permite “muy claramente” afirmar que hay “fundadísimos motivos para recurrir en casación frente a esa sentencia en concreto”, ha señalado.
También, preguntada sobre que la promotora del complejo –según publica el Diario HOY– va a exigir a la Junta 192 millones de euros para pagar a los dueños de los chalet, dado que la empresa se había comprometido a recomprar las viviendas a los precios abonados en el caso de que se consumase el derribo, Blanco-Morales ha dicho que no valora intenciones.
“Como no voy a valorar que la sentencia parece dar por sentado que al final que exista responsabilidad patrimonial de la Junta no importa, que el daño económico no es relevante…”, ha dicho.
Al respecto, ha insistido en que la Junta quiere “garantizar esa tutela judicial efectiva” que entiende que el Tribunal Supremo “ha conculcado respecto a la posición que defiende la parte que es la Junta de Extremadura en un auto de ejecución parcial del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que Adenex no recurrió, que sólo recurre Ecologistas de Acción, y que entendemos que había establecido un cauce, con unas vías, con unos recursos que permitían justo cumplir con lo que los tribunales habían dicho dando satisfacción a las partes en el procedimiento que impugnaron la autorización de ese complejo con el sostenimiento de un entorno medioambiental más rico que se había creado”, ha dicho.
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