La reciente Ley de la Vivienda que el gobierno “progresista” quiere aprobar es una muestra de cómo la propaganda se impone y no se afrontan de raíz los problemas habitacionales que padece una importante mayoría social de la población, especialmente la juventud.
El contenido de dicha normativa deja de lado los programas de fomento de la vivienda y se centra en medidas que tendrán una difícil aplicación o en todo caso no avanzarán en la resolución de la problemática de los alquileres sociales ni en el acceso habitacional de las clases sociales más débiles económicamente.
Los preceptos de la Ley deberán ser aplicados por Ayuntamientos, en el caso de la subida de los porcentajes del IBI cuando se den una serie de circunstancias muy concretas de los pisos vacíos, y por las CCAA en zonas de las localidades en donde se haya observado una subida importante del precio del alquiler siempre y cuando sean entidades jurídicas los dueños de las viviendas y el precio pagado sea superior al 30 % del ingreso familiar.
En definitiva, la letra pequeña de la norma hace difícil una efectividad en la disminución de los alquileres y prácticamente nula la disposición de suelo o viviendas para alquiler social.
Desde Extremadura Digna consideramos que desde el parlamentarismo institucional no avanzaremos y seguiremos en la misma dinámica de escasez de vivienda, siendo más necesario que nunca la participación y la movilización social en la calle.
En este orden de cosas, desde la plataforma política Extremadura Digna seguiremos denunciando y luchando las injusticias que sufren las clases trabajadoras extremeñas en este asunto y en todos aquellos que tienen su origen en la explotación brutal de la fuerza de trabajo y en la extracción salvaje de nuestros recursos naturales por el capitalismo español.
No podemos dejar de lado, nuestro apoyo a todos los sectores laborales en lucha y a los pensionistas que con tanta ejemplaridad y fuerza se oponen a estas políticas concretas que tienen su origen en la Europa de los mercaderes y que con tanta fe aplica el gobierno de España y el gobiernillo de la Comunidad Autónoma acentuando, por más que su palabrería exprese lo contrario, el atraso económico y las desigualdades territoriales que sufre el pueblo trabajador extremeño.
Óscar Pérez, Coordinador Una Extremadura digna | www.unaextremaduradigna.es
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