La directora general de Emergencias, Protección Civil e Interior, Nieves Villar, ha presidido este martes el primer Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Extremadura.
Durante la reunión, celebrada por videoconferencia, se han presentado tres proyectos muy demandados por el sector; el primero, el catálogo de los establecimientos públicos y actividades recreativas de la región, que pretende homogeneizar las licencias de los establecimientos.
El segundo, el decreto de autorizaciones extraordinarias, excepcionales o no reglamentadas, que responde a la necesidad de establecer procedimientos unificados a la hora de realizar excepcionalmente actividades diferencias de la licencia original.
Y el tercero, el proyecto que regula el contenido y estructura de los registros locales y autonómicos para el desarrollo de un sistema de comunicación e integración de la información entre ambas administraciones, capaz de proporcionar más seguridad a los espectáculos, a la par que homogeniza la información y la documentación.
Esta primera convocatoria del Consejo Asesor ha finalizado con la exposición inicial del proyecto de decreto que reglamentará la vigilancia privada de los eventos, así como su formación, capacitación y funciones, publicidad y entradas de los espectáculos públicos, y las medidas para prevenir las agresiones sexuales en esos espectáculos y las actividades recreativas.
ORGANO CONSULTIVO DE COLABORACIÓN
El Consejo Asesor actuará como órgano consultivo de colaboración, elaboración de estudios, coordinación y asesoramiento, deliberación y consulta en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, tanto de la administración de la Comunidad Autónoma como local, facilitando la participación de la ciudadanía y de los sectores directamente interesados en dicha materia.
Este órgano está formado por 13 miembros de la Junta de Extremadura, provenientes de las distintas consejerías, dos representantes Federación Extremeña de Municipios y Provincias (FEMPEX), la Delegación del Gobierno, la Diputación de Cáceres y Badajoz, los Ayuntamientos de Mérida, Badajoz y Cáceres, la Asociación regional contra el ruido, UGT, dos representantes de la Confederación regional empresarial y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
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