El Decreto-Ley 3/2021 permitirá avanzar en la planificación y ejecución de las inversiones con fondos europeos de forma ágil y eficiente

El Decreto-Ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia permitirá avanzar en la planificación, coordinación, diseño y ejecución de las inversiones financiadas con fondos europeos de forma ágil y eficiente.

Así lo ha sostenido la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en su comparecencia este jueves en la Asamblea de Extremadura para solicitar la convalidación del citado decreto-ley.

El ingente reto que el Ejecutivo extremeño asume en un breve periodo de tiempo con la recepción de extraordinarios recursos de la Unión Europea, ha matizado la titular de Hacienda, requiere de la modernización de las estructuras administrativas regionales para una mejor gestión y ejecución de los fondos para que la recuperación se vislumbre en el menor plazo posible.

Y es que, según ha explicado Blanco-Morales, lo excepcional de la actuación comunitaria se materializa a través del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation, compuesto, entre otros, por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y por el REACT-EU; de la flexibilización del Programa Operativo 2014-2020 y del nuevo Marco Plurianual 2021-2027, que se encuentra en proceso de definición.

Recuperación y Transformación

Herramientas que, a juicio de la titular de Administración Pública, que permitirán impulsar la recuperación de nuestra economía de los efectos derivados de la pandemia y avanzar en la transformación de nuestro modelo productivo hacia los escenarios más sostenibles y resilientes que exige Europa.

Para alcanzar estos objetivos, el decreto-ley aborda varios ámbitos de gestión de la Administración, que van desde los instrumentos de gestión pública a la transformación digital, la flexibilización contable o la agilización de subvenciones, contratos o proyectos estratégicos, así como la modificación de distintas leyes autonómicas que mejoren los procesos de gestión y coordinación de los fondos europeos.

En el ámbito de la gobernanza, se designa a la autoridad responsable del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia y se refuerzan las funciones de auditoría y control, mientras que en materia de gestión pública y recursos se prevé la constitución de unidades administrativas provisionales, la reorganización del personal, la priorización del personal destinado a esta ámbito en las ofertas de empleo y la formación específica de los empleados públicos en materias transversales.

Blanco-Morales ha destacado, igualmente, el impulso de la transformación digital de la Administración mediante la provisión de bienes y servicios digitales, la garantía de las relaciones con la ciudadanía y la definición de los servicios esenciales en este ámbito.

La norma autonómica agiliza, simplifica y flexibilización la gestión de los expedientes de fondos europeos, habilita procedimientos especiales para la tramitación de subvenciones, contempla la tramitación de urgencia de procesos de ejecución de gasto y regula el procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia.

En su intervención, la vicepresidenta primera se ha referido a la reducción de plazos de los procedimientos simplificados, a las facilidades introducidas para la tramitación de proyectos estratégicos relacionados con el cambio climático y medio ambiente y a la exoneración del estar al corriente con la Hacienda Pública para los beneficiarios de las ayudas de los decretos 15/2020 y 1 y 2/2021 incluidas en la norma extremeña.

Además, la titular de Hacienda ha asegurado que este decreto-ley responde a un compromiso con el buen gobierno y la mejora de la Administración Pública para afrontar los retos de la recuperación, que intensifiquen el potencial de crecimiento económico, la creación de empleo y la resiliencia económica y social de Extremadura, con sustento en la estabilidad política, en la calidad de nuestras instituciones, en la seguridad jurídica y la capacidad de consenso.