La Junta de Extremadura recurrirá la orden del Ministerio para la Transición Ecológica por la que se establecen los suplementos territoriales que afectan a la región y a otras diez comunidades autónomas, en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013 y el procedimiento de liquidación, con el objeto de evitar que los consumidores extremeños compensen a las empresas eléctricas por los impuestos autonómicos abonados ese año.
El Ejecutivo extremeño rechaza la imposición del suplemento territorial, pues considera que la región no tiene un impuesto a las eléctricas sino un impuesto que grava las instalaciones que inciden en el medio ambiente.
El Gobierno de España contemplaba inicialmente compensaciones por tres impuestos en relación con el medio ambiente, la ecotasa, el impuesto de residuos en vertederos y el canon del agua, a lo que se opuso la Junta de Extremadura. Finalmente, la reclamación estatal se ciñe al primero.
Por otra parte, el Ejecutivo regional no está conforme con la ejecución del importe recogido en la orden publicada en el día de hoy, 12 de marzo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), así como con el procedimiento para su aplicación en la facturación a los suministros y de liquidación a los sujetos afectados en la comunidad autónoma.
La orden del Ministerio para la Transición Ecológica publicada en el BOE detalla que los suplementos territoriales deben incluirse en las facturas de los consumidores de aquellas comunidades autónomas que en el año 2013 contaban con impuestos propios a las eléctricas. La Junta de Extremadura siempre ha rechazado la imposición de este suplemento territorial.
Además de Extremadura, las comunidades autónomas afectadas son Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, la Región de Murcia y Navarra.
La normativa autonómica vigente sobre el impuesto a instalaciones que incidan en el medio ambiente, cuya legalidad ha sido confirmada mediante sentencia del Tribunal Constitucional, señala que son las empresas las que deben abonar este tributo y no lo podrán repercutir en los ciudadanos mediante un incremento de las facturas.
Por ello, la Administración regional va a recurrir el mandato para evitar que recaiga sobre los ciudadanos extremeños.
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